Exagentes oyeron la sentencia condenatoria tras más de seis años de proceso judicial. La Fiscalía afirma que ambos estuvieron presentes en el fallo.
Exagentes oyeron la sentencia condenatoria tras más de seis años de proceso judicial. La Fiscalía afirma que ambos estuvieron presentes en el fallo.

Dos exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron sentenciados a prisión por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, juez C, de San Miguel, por su vinculación a un grupo de exterminio.
Vidal Antonio Alfaro Flores y David Antonio Chévez Cruz fueron condenados a 25 y 45 años de cárcel respectivamente. El primero fue declarado responsable por un homicidio y agrupaciones ilícitas; mientras que del segundo se comprobó que cometió dos asesinatos y agrupaciones ilícitas.
Según la Fiscalía General de la República, ambos se encuentran bajo detención a más de seis años de haber iniciado el proceso judicial en su contra, y se les ha perfilado como integrantes de un grupo que habría asesinado a unas 30 personas, entre pandilleros y supuestos colaboradores de pandillas.
El 30 de septiembre de 2019, Alfaro Flores y Chévez Cruz fueron detenidos junto a otros nueve policías y varios otros civiles a quienes se les atribuyó la participación en al menos 47 casos de homicidio y de otros delitos como planificación de homicidios, privación de libertad y fraude procesal. Días más tarde, el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó que los 11 policías fueran investigados bajo detención provisional.
Entre los civiles detenidos estaban el padre y el hermano de Juan Josué Castillo Arévalo, el agente del Grupo de Reacción Policial (GRP) que asesinó a la agente Carla Ayala, al finalizar un festejo navideño en la base del extinto cuerpo policial de élite en diciembre de 2017. Castillo, prófugo desde entonces, sería condenado como ausente en marzo de 2024 por un doble homicidio que perpetró en calidad de integrante del grupo de exterminio entre junio y agosto de 2016.
La PNC reveló en un comunicado que los acusados simulaban procedimientos oficiales, ingresaban a viviendas de las víctimas con el fin de realizar allanamientos y luego las privaban de libertad para después asesinarlas en otro lugar o, en algunos casos, ejecutaron a víctimas en sus casas.
Los crímenes ocurrieron en el distrito de Usulután, Concepción Batres, San Dionisio Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Santiago de María y San Francisco Javier, Nueva Guadalupe (San Miguel) y Chapeltique (San Miguel).

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