CIDH otorga medidas de protección para quinto salvadoreño deportado y encarcelado
El organismo instó al Estado salvadoreño a que cese la situación de incomunicación del deportado con su familia y abogados. Además, pide que informen si el beneficiario ha sido acusado de algún delito en el país
Élmer Escobar desde hace 10 años trabajaba en un restaurante en Estados Unidos; según su familia fue deportado a finales de marzo. Foto/ Cortesía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el pasado 19 de enero que Élmer Antonio Escobar González, un salvadoreño deportado en marzo de 2025, se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”.
Escobar González se encuentra recluido en un centro penal al occidente del país y se mantiene desde hace 10 meses incomunicado, “sin que sus familiares ni abogados tengan conocimiento sobre sus condiciones de detención, situación jurídica, y estado de salud, pese a las acciones activadas a nivel interno”, describe en el informe publicado el 26 de enero.
El Estado salvadoreño respondió a la CIDH el 24 de noviembre de 2025 que considera que no se cumplen con los estándares probatorios para el otorgamiento de las medidas cautelares. Y, además, reiteró “su disposición a colaborar con los mecanismos interamericanos”. También resaltó el “actuar diligente en la búsqueda del beneficiario, y la información sobre su lugar de detención”, detalla la resolución.
Añadieron que El Salvador ha solicitado información complementaria a Estados Unidos sobre los procedimientos judiciales en contra de Élmer Escobar, mientras permanece bajo custodia en el Centro Industrial y de Cumplimiento de Penas y de Rehabilitación, ubicado en Santa Ana.
Captura de pantalla de video en el que aparece Élmer Escobar en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. Foto Cortesía
Sin embargo, luego de analizar la solicitud de medidas cautelares y la respuesta por parte del Estado salvadoreño, la CIDH consideró que, desde su deportación, Escobar estuvo en un inicio con paradero desconocido y la familia no tuvo información sobre sus condiciones. Además, a pesar que ya se conoce su ubicación, sus familiares y abogados no tendrían posibilidades de conocer si situación jurídica, condiciones de salud y detención.
Además, la CIDH aseguró que no cuentan con elementos que determinen los motivos por los que Élmer continúe detenido en el sistema penitenciario del país.
Es decir, no se cuenta con la acusación del cometimiento de algún delito que amerite que esté privado de libertad, pues fue deportado de Estados Unidos directo a prisión.
“La Comisión entiende que, a la fecha, la única forma de conocer sobre la situación del beneficiario es a través de la respuesta que provea el Estado, no conociéndose escenario en el que los representantes legales o familiares puedan tener contacto directo con él, lo cual impide conocer la manera en que el Estado se encontraría garantizando sus derechos”, menciona en el escrito.
Ante este panorama, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño que adopte medidas para proteger los derechos a la vida e integridad de Escobar González y que definan la situación jurídica del salvadoreño e informen si le ha sido acusado formalmente de algún delito en el país.
Y también pidieron que cesen la “situación de incomunicación prolongada; se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos”.
El caso de Élmer es el quinto salvadoreño deportado que sus familiares denunciaron su desaparición, luego de ser enviados al país junto a un grupo de venezolanos en marzo de 2025 y trasladados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
Hasta la fecha, este organismo ya otorgó medidas cautelares a favor de los cinco. El primer beneficiado fue Irvin Jeovanny Quintanilla García. En este caso, la Comisión consideró “que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”, luego que el abogado de la familia denunció que este fue deportado.
Luego, el 17 de noviembre de 2025 la CIDH otorgó medidas a favor de William Alexander Martínez Ruano, José Osmín Santos Robles y Brandon Bladimir Sigarán Cruz, otros tres salvadoreños deportados.
