Guatemala ha sido sacudida por una ola de violencia que ha cobrado las vidas de al menos nueve policías en el cumplimiento del deber, revueltas carcelarias y atentados varios.
Pareciera un escenario como el que se vivió en El Salvador en marzo de 2022, cuando 87 personas fueron asesinadas en un mismo día y, en respuesta y para frenar ola de violencia, se decretó un «estado de excepción», que de excepción no tiene nada, pues es permanente y dura al día de hoy.
Guatemala ha pasado a la siguiente etapa, después de la masacre, que es decretar el «estado de sitio», que viene siendo un «estado de excepción».
El estado de sitio y el estado de excepción son armas jurídicas del Estado para protegerse de amotinamientos, rebeliones, incluso en caso de catástrofes, para prevenir desbordes y saqueos.
En la década de 1980 se impuso en varias ocasiones el estado de sitio en El Salvador para contener a los grupos guerrilleros. La medida se decretaba por 30 días, pero los militares la iban prorrogando cada vez más y al amparo de la misma se cometían violaciones a los derechos humanos: cateaban viviendas sin orden judicial, detenían e interrogaban indefinidamente a personas, sometían poblados enteros y acusaban de subversivo a cualquiera.
Por eso, con la Constitución de 1983 y luego con las reformas de 1992 se estableció el «estado de excepción», para que las medidas de fuerza y coerción y suspensión de derechos fueran por 30 días, prorrogables una vez y con informes justificativos a la Asamblea Legislativa, es decir, realmente excepcionales, para que ya a nadie se le antojara hacer «fiesta» con la medida como en el tiempo de los militares.
Pero con la masacre de 2022, el estado de excepción se ha venido prorrogando cada mes con la suspensión de garantías constitucionales y judiciales y leyes adicionales que permiten capturas indiscriminadas y alargan los plazos para que los detenidos vean a un juez y sean sometidos a juicio y sentencia.
Lo que no debe hacer Guatemala
Al amparo de estas disposiciones, más de ocho mil personas han sido llevadas a prisión y liberadas después de varios meses porque se determinó que no eran pandilleros ni habían cometido delito alguno. Ese es el paso que no debe dar Guatemala: acabar con sus libertades y sacrificar a inocentes, sino preservar sus derechos y enfocar sus armas jurídicas y letales contra la criminalidad.
En El Salvador hay más de 80,000 capturados bajo cargos de ser pandilleros, pero la mayoría no ha ido a juicio y cerca de medio millar ha muerto bajo custodia penitenciaria. Otros han quedado estigmatizados, han perdido sus trabajos y su reputación.
Es importante reconocer que el flagelo de las pandillas se ha contenido y que la gente anda más tranquila en la calle, sus barrios y colonias, en sus negocios y en sus trabajos. Pero esto no justifica la prisión injusta y hasta la muerte de uno solo de los detenidos, máxime si luego se comprueba que era inocente.
Son los extremos a los que no se debe ir porque, sin darnos cuenta estamos retrocediendo. Algunas personas –y penosamente hasta abogados– dicen que son inevitables «los daños colaterales» y que los que están detenidos «algo habrán hecho», pero eso no es ceñirse bajo un Estado de Derecho, sino bajo la ley de la selva o de los feudos.
Las mismas encuestas dicen que los que la mayoría de la gente apoya el régimen de excepción con sus abusos hasta que tocan a algún familiar, allegado o a la persona que antes ha celebrado los abusos.
Es cierto que en el pasado no se hizo suficiente para contener a estos grupos criminales y esto llevó a que formaran un poder paralelo en menoscabo de la gente más pobre, pero esto no justifica que ahora los países deban vivir en Estados policiales que los lleven a dictaduras. Guatemala debe verse en el espejo de El Salvador y no sacrificar sus libertades ni a inocentes.
