El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado este 16 de enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros cargos, al término del primero de una serie de juicios por su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

La pena es inferior a los diez años de prisión solicitados por la fiscalía contra el exlíder conservador de 65 años, cuya maniobra contra el Parlamento provocó una crisis política que condujo a su destitución.

Yoon Suk Yeol, un exfiscal, se enfrenta a siete juicios más. Uno de ellos, por insurrección, podría acarrearle la pena de muerte. 

El viernes 16 de enero, el tribunal del distrito central de Seúl se pronunció sobre uno de los múltiples aspectos secundarios del caso que sumió al país en varios meses de protestas masivas e inestabilidad política. 

Se le acusa de haber excluido a miembros del gobierno de una reunión sobre la preparación de la imposición de la ley marcial, y de haber impedido que los investigadores lo arrestaran al atrincherarse durante semanas en su residencia de Seúl bajo la protección de su guardia personal.

Finalmente fue detenido en enero del año pasado durante un operativo que duró varias horas. 

«A pesar de tener el debe de defender la Constitución y observar el estado de derecho como presidente, el acusado mostró en cambio una actitud que ignoraba la (…) Constitución», dijo el juez Baek Dae-hyun. 

«La culpabilidad del acusado es extremadamente grave», añadió, pero precisó que por falta de pruebas no fue hallado culpable de falsificar documentos oficiales. 

Los abogados de Yoon dijeron que el veredicto «difumina la frontera entre el ejercicio de la autoridad constitucional de un presidente y la responsabilidad penal».

«Si este criterio prevalece, ningún presidente en el futuro podrá tomar medidas firmes en momentos de crisis», apuntó su abogada Yu Jeong-hwa.

Yoon tiene siete días para apelar.

Insurrección

Esta condena llega días después de que los fiscales, en otro caso, pidieran la pena capital por su papel como el «cabecilla de una insurrección» en la orquestación de la imposición de la ley marcial.

Si se le declara culpable, es muy poco probable que la sentencia se lleve a cabo, ya que Corea del Sur tiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997.

El exdirigente estima que la declaración de ley marcial fue un ejercicio legal de su autoridad presidencial. 

A inicios de esta semana, insistió en que «el ejercicio de los poderes constitucionales de emergencia de un presidente para proteger a la nación y mantener el orden constitucional no puede considerarse un acto de insurrección». 

Yoon acusa al entonces partido opositor de haber impuesto una «dictadura inconstitucional» con el control del poder legislativo.