Una jueza federal de Maryland anunció esta semana que espera decidir sobre el destino del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García para el mes de febrero de 2026.

En una breve audiencia de 20 minutos con los abogados de García y los abogados del Departamento de Justicia, la jueza Paula Xinis indicó que desea escuchar los argumentos sobre si la orden de deportación de García de 2019 se hizo definitiva en enero del año pasado, según consignan medios estadounidenses, como la cadena Fox 5 de Washington.

Lo anterior podría cambiar el cálculo sobre si se debe permitir que el Gobierno de Trump vuelva a detenerlo. La jueza Xinis afirmó que, tras escuchar los argumentos sobre este tema específico, emitirá una decisión antes del 12 de febrero, salvo circunstancias imprevistas.

Xinis reiteró que la orden vigente que impide al gobierno de EE.UU. volver a detener a García para su deportación sigue vigente.

Meses de una larga batalla legal

El pasado 11 de diciembre de 2025, autoridades migratorias estadounidenses dejaron en libertad bajo vigilancia al salvadoreño indocumentado Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos, una batalla judicial que sigue viva ante los tribunales.

VER: El caso Kilmar: cuatro detenciones, dos casos abiertos y amenazas de deportación a África

Ábrego García, al que el gobierno de Donald Trump ha prometido  expulsar como sea, se ha convertido en un símbolo de los que consideran que la política de deportaciones masivas es excesiva.

La jueza federal del estado de Maryland había ordenado ese mismo día al gobierno de Donald Trump liberar «inmediatamente» a Ábrego García, casado con una estadounidense pero sin residencia legal en el país desde que llegó con 16 años, en 2012.

El inmigrante estaba detenido «sin justificación legal», aseveró la jueza, que calificó su caso de «extraordinario».

El salvadoreño fue liberado con pulsera electrónica, y la decisión podrá ser apelada de nuevo por el gobierno.

«Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales», reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de «activismo judicial».

Ábrego García simboliza en parte el recorrido de numerosos migrantes ilegales atrapados en la maraña de la política migratoria estadounidense. Llegó menor de edad, presuntamente huyendo de la violencia en El Salvador.

En 2019, un control rutinario de la policía de Maryland puso a descubierto su situación irregular. Entregado a la policía migratoria (ICE), se inició el proceso de deportación.

Ante el juez pidió clemencia y una audiencia le otorgó un estatuto de protección, mientras se dirimía el fondo de su caso.

Al año siguiente su esposa lo denunció por maltrato, algo que se repitió en mayo de 2021. La pareja tiene un hijo. Su esposa, Jennifer Vásquez, tomó luego su defensa.

Sigue leyendo: Una jueza de EE.UU. prohíbe temporalmente volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego

Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de deportar a «millones» de indocumentados, a los que en repetidas ocasiones se refirió como «maleantes» salidos de «cárceles e instituciones mentales».

Al llegar al poder se inició esa campaña de detenciones y deportaciones, la más importante que ha conocido el país en su historia.

En marzo de 2025, Kilmar Ábrego fue detenido por agentes del ICE y deportado tres días después, junto a más de 250 hombres, a El Salvador.

Ahí ingresó en la megacárcel CECOT. Pero a Ábrego García la justicia estadounidense le había garantizado que incluso si era deportado algún día, tenía derecho a pedir que no fuera a su país de origen.

Un legislador demócrata lo visitó, las organizaciones de defensa de los migrantes organizaron una efectiva campaña y tras tiras y aflojas, regresó a Estados Unidos.

Las autoridades migratorias inmediatamente abrieron otro caso en su contra, por presunto tráfico de personas en Tennessee. El caso sigue abierto.

«Un gobierno corrupto» musitó el inmigrante en una de las escasas ocasiones en las que compareció ante las cámaras de televisión.

«Está probado que es un traficante de seres humanos. Está probado que es miembro de una banda» reaccionó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Naciones como Liberia, Ghana o Uganda fueron consideradas por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones. Costa Rica se ha mostrado abierta a concederle el estatuto de refugiado.