Para quienes recorren el país, esta práctica forma parte de la postal de fin y principio de año. Desde la zona litoral se pueden apreciar inmensas columnas de humo que se elevan y se concentran en la atmósfera, provenientes de las extensas plantaciones de caña de azúcar, sinónimo de trabajo y productividad, y uno de los principales productos de exportación de nuestro país.

Cerca de la capital, en el Valle del Ángel y Nejapa, la ceniza se alza con el viento, viaja por el aire y cae sobre la ciudad y las comunidades. Es el famoso “tile”, término que proviene de la raíz náhuat til, que significa negro. Esta ceniza es altamente invasiva y molesta. En mi caso personal, se introduce en una bodega donde almaceno materia prima, la ensucia y obliga a una limpieza constante, es decir, un doble esfuerzo. El material se fragmenta incluso en micropartículas: ensucia, contamina, mancha y se sedimenta.

¿Por qué los productores de caña nunca han logrado superar tecnológicamente el proceso de quema y sustituirlo por otro menos contaminante? Para comenzar, la quema facilita el corte manual, reduce costos operativos y elimina hojas y plagas.

Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es su impacto ambiental? La emisión de material particulado (PM 2.5 y PM 10) afecta directamente la calidad del aire. Se liberan gases como dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno; además, la ceniza se deposita en comunidades, ríos y cultivos vecinos, contribuyendo al cambio climático.
La persistencia de esta práctica en El Salvador obedece a una combinación estructural de factores económicos, técnicos, sociales y de gobernanza. La quema sigue siendo el método más barato y rápido: reduce costos de cosecha, permite un corte manual más ágil y no requiere inversión adicional.

Cabe mencionar el aspecto laboral de este sector agroindustrial, donde confluyen alta vulnerabilidad, bajos ingresos —en relación con el esfuerzo físico—, riesgos para la salud, informalidad y profundos desafíos sociales. El corte de caña es reconocido como uno de los trabajos agrícolas más exigentes y peligrosos que existen.

Para muchos pequeños y medianos productores, el margen de ganancia es muy estrecho, y cualquier incremento de costos puede sacarlos del negocio. Innovar en este proceso implica mayores gastos: adquisición de maquinaria especializada, mayor consumo de combustible, capacitación técnica, mantenimiento costoso y adecuación del terreno.
En El Salvador, a diferencia de otros países latinoamericanos productores de azúcar, la situación se complica debido al reducido territorio, la fragmentación de parcelas, la topografía irregular y los caminos rurales deficientes, lo que dificulta la mecanización de la cosecha.

Es importante resaltar que la quema facilita el corte manual; sin ella, el trabajo es más lento y pesado. También existe el riesgo de pérdida de empleos temporales para los cortadores. A esto se suma la falta de incentivos económicos reales: no hay subsidios verdes claros, no existen créditos blandos masivos y el mercado no paga más por azúcar producida de forma limpia. Los ingenios pagan por tonelada, no por prácticas ambientales.

El productor no recibe un beneficio directo por no quemar. Además, existe una regulación permisiva y una fiscalización débil: la quema está regulada, pero permitida; las multas son bajas o inexistentes, no hay metas obligatorias de reducción progresiva y falta un monitoreo satelital sistemático.

Tampoco existe compensación alguna para las comunidades afectadas por estas prácticas poco amigables con el medio ambiente, ni una postura técnica clara desde la autoridad ambiental al respecto.

Los principales destinos del azúcar salvadoreña son Canadá (39 %) y Estados Unidos (23 %), con acceso mediante acuerdos como CAFTA-DR u OMC. También se exporta a Corea del Sur, Perú y Bélgica, este último como puerta de entrada a la Unión Europea. Sin embargo, la exigencia de certificaciones relacionadas con bajas emisiones y criterios ESG por parte de estos mercados aún es muy baja.

De continuar operando de la misma manera, el sector azucarero enfrenta costos cada vez mayores en términos sociales, ambientales y reputacionales. Es necesario equilibrar el cumplimiento de las normativas vigentes con las demandas de las comunidades, midiendo y gestionando adecuadamente los impactos locales.

Asumir que la quema ya no es socialmente aceptable —aunque siga siendo legal— implica que el sector azucarero debe impulsar proyectos piloto de zonas productivas sin quema, medir impactos reales (costos productivos y empleo), establecer reducciones porcentuales obligatorias de áreas quemadas e incentivar a los productores que adopten la “cosecha verde”. Los ingenios deben liderar este proceso y no dejar solo al productor.

Asimismo, es clave valorizar los residuos, procesarlos y convertirlos en biogás, compost, biofertilizantes o biometano, de modo que los beneficios se extiendan también a las comunidades.

Especialista y estructurador en temas relacionados con el cambio climático.