La ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, estimó este martes que la cifra de muertos en la represión a las manifestaciones en Irán alcanza las 2,500 personas.

«Hengaw confirma que más de 2,500 personas han muerto en Irán durante las protestas recientes», señaló esta ONG en un comunicado, en el que señaló que su «equipo de verificación comprueba a diario la identidad de las víctimas y la publicación de los nombres confirmados».

«Hasta la fecha, las identidades de 80 personas han sido completamente verificadas y registradas», precisó la organización, cuyas investigaciones, según apuntó el comunicado, muestran que las fuerzas gubernamentales iraníes son responsables de una «política de represión sistemática, coordinada y extendida» en el país persa.

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Dicha represión incluyó «la muerte premeditada de civiles, incluyendo niños, el amplio uso de fuerza letal, el establecimiento de tribunales sumarios, detenciones masivas arbitrarias y la militarización de espacios urbanos para infundir miedo y terror en la población».

«Numerosas informaciones que corroboran y se solapan indican que han ocurrido muertes masivas en las protestas en varias partes del país», indicó Hengaw, que calificó lo ocurrido en la represión de las protestas como una acción del Ejecutivo iraní que «contiene múltiples elementos de crímenes contra la humanidad».

El comunicado también expuso que hay información que muestra «fuerzas del Gobierno» dirigiendo sus ataques contra instalaciones médicas, con asaltos a hospitales en las ciudades de Ilam, y la capital, Teherán, y criticó el apagón informativo impuesto por las autoridades iraníes.

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«Esta acción dirigida y deliberada ha bloqueado el acceso a la información y a la libre comunicación, y refleja el esfuerzo sistemático de las autoridades por ocultar la verdad de la escala de los crímenes cometidos y para evitar el escrutinio internacional y la rendición de cuentas», precisó la ONG.

En su comunicado, Hengaw también instó a la comunidad internacional a tomar medidas, incluidas coercitivas y recogidas en la Carta de Naciones Unidas, contra las autoridades del país de los ayatolás, además de apelar a la Unión Europea y al Reino Unido a retirar a sus embajadores de Teherán para mandar «un mensaje claro» al país persa.

«Esa acción representa una mínima respuesta responsable de la comunidad internacional a un gobierno que ha violado sistemáticamente los principios del derecho internacional», concluyó el comunicado.