Walter Coto manifestó su preocupación por videos íntimos difundidos en plataformas y pidió una respuesta legal para proteger a la niñez y adolescencia.
Walter Coto manifestó su preocupación por videos íntimos difundidos en plataformas y pidió una respuesta legal para proteger a la niñez y adolescencia.

La difusión de contenido de carácter sexual en redes sociales se ha convertido en una problemática creciente que genera preocupación en distintos sectores de la sociedad. La facilidad para grabar, transmitir y compartir material íntimo ha provocado que plataformas digitales se vean inundadas de videos explícitos, muchas veces sin filtros ni controles adecuados.
Esta situación ha encendido el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los creadores de contenido y el papel del Estado en la regulación del entorno digital. Mientras algunos defienden el derecho a expresarse libremente, otros advierten sobre los efectos negativos que este tipo de material puede tener en la salud mental, los valores y el desarrollo de niños y adolescentes.
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En este sentido, el diputado salvadoreño Walter Coto expresó su indignación y preocupación tras la difusión en plataformas digitales de videos protagonizados por dos creadores de contenido salvadoreños, uno de ellos transexual, en los que se les observa manteniendo relaciones sexuales. Las imágenes circularon ampliamente luego de haber sido tomadas de una reciente transmisión en vivo, en la que la pareja, presuntamente motivada por otro “influencer”, se mostró en pleno acto íntimo ante una audiencia virtual.

El legislador dio a conocer su postura a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde aseguró haber recibido múltiples mensajes y materiales que han generado alarma entre numerosos usuarios de redes sociales. Según Coto, este tipo de contenidos no solo transgreden valores morales, sino que también representan un riesgo para el desarrollo integral de niños y adolescentes que tienen fácil acceso a estas plataformas digitales.
“He recibido contenido difundido por algunos creadores que promueven mensajes contrarios a la moral, exponiendo a nuestros jóvenes a material sexualizado que afecta su desarrollo emocional, psicológico y social”, escribió el diputado en su publicación, la cual rápidamente generó reacciones a favor y en contra.
Intervención legal urgente
Coto advirtió que la exposición constante a este tipo de material no debe minimizarse ni considerarse inofensiva. A su juicio, los contenidos sexualizados y explícitos que circulan sin restricciones en redes sociales contribuyen a distorsionar valores, normalizar conductas que considera inapropiadas y afectar la salud mental de la niñez y adolescencia. Por ello, insistió en la necesidad de una intervención legal urgente.
“La exposición constante a este tipo de contenido no es inofensiva. Impacta la salud mental, distorsiona valores y normaliza conductas que dañan a la niñez y adolescencia. Como diputado de la República, considero necesario y urgente legislar frente a esta realidad”, expresó el parlamentario, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de impulsar iniciativas que regulen con mayor severidad este tipo de publicaciones.

En su pronunciamiento, el diputado también aclaró que su postura no busca coartar derechos fundamentales, sino establecer límites claros. “La libertad de expresión no puede convertirse en un instrumento de daño”, subrayó, al recalcar que el Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y adolescencia, cuidar su salud mental y propiciar un entorno digital responsable y seguro.
Cabe señalar que la Constitición de la República de El Salvador establece, en el artículo uno, que es obligación del Estado asegurarles a los habitantes la salud, tanto física como mental, entre otros aspectos. Por otra parte, el artículo 35 determina que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia”.
Proteger la salud mental
Coto sostuvo que “defender la moral, la familia y a nuestra juventud no es censura”, sino una responsabilidad institucional y un compromiso con el futuro del país.
Sus declaraciones fueron respaldadas por numerosos internautas, quienes aplaudieron su iniciativa y pidieron sanciones severas para las personas que graban, promueven y comparten videos considerados inmorales en redes sociales.
“Algunos de los contenidos que generan los ‘tiktokers’ son sumamente perjudiciales para la juventud. Urge una intervención y un marco legal que restrinja más las redes sociales”, comentó un usuario en respuesta a la publicación del diputado, reflejando una opinión compartida por otros seguidores.
Sin embargo, no faltaron quienes consideran que en este tipo de situación no debe intervernir el Estado, pues creen que la mayor responsabilidad recae en lo padres de familia, quienes no deberían permitir que sus hijos menores de edad tengan acceso a redes sociales.

Prohibiciones internacionales
El debate planteado por Coto se da en un contexto internacional en el que varios países han comenzado a implementar o discutir restricciones al uso de redes sociales por parte de menores de edad. Australia, por ejemplo, anunció una prohibición para menores de 16 años a partir de diciembre de 2025. Francia exige autorización parental para menores de 15 años, mientras que Alemania requiere el consentimiento de los padres para usuarios menores de 16.
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Otros países europeos, como Noruega, han propuesto elevar la edad de consentimiento digital a 15 años, y naciones como España, Italia y Grecia analizan medidas similares con el objetivo de proteger a los jóvenes de los riesgos asociados al entorno digital.
La Unión Europea, España, Francia y el Reino Unido han iniciado acciones legales y regulatorias contra la red social X, tras denunciarse que su inteligencia artificial Grok, permite generar imágenes sexuales explícitas de mujeres y menores de edad sin consentimiento.
En ese marco, la postura del diputado salvadoreño reaviva la discusión sobre los límites, responsabilidades y regulaciones en el uso de redes sociales en El Salvador.
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