El año 2026 se perfila como un punto de consolidación de profundas transformaciones en el derecho laboral a nivel global, con impactos directos en El Salvador. Las empresas que aspiren a una gestión del talento legal, sostenible y competitiva deberán anticiparse a estos cambios, entendiendo que el cumplimiento normativo ya no es solo una obligación legal, sino un factor estratégico de atracción, retención y reputación empresarial.

Uno de los ejes centrales es la reconfiguración del trabajo flexible. A nivel internacional se ha fortalecido el reconocimiento del teletrabajo, el trabajo híbrido y las jornadas flexibles como modalidades permanentes, no excepcionales. Esto exige a las empresas salvadoreñas revisar políticas internas, contratos y mecanismos de control de jornada, garantizando derechos como la desconexión digital, la salud y seguridad en el trabajo remoto.

Otro tema clave es la protección reforzada frente a la discriminación y los riesgos psicosociales. Tendencias globales apuntan a una ampliación del concepto de discriminación laboral, incluyendo factores como edad, salud mental, y uso de tecnologías. En 2026, las empresas deberán fortalecer protocolos de prevención del acoso, gestión del estrés laboral y evaluación de cargas de trabajo, entendiendo que la omisión puede derivar en responsabilidades laborales, administrativas e incluso reputacionales.

La gestión ética y legal de la tecnología en el trabajo es otro desafío ineludible. El uso de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento, evaluación de desempeño o control laboral está siendo objeto de creciente escrutinio a nivel internacional. Para las empresas en El Salvador, esto implica anticipar criterios de transparencia, proporcionalidad y protección de datos personales, evitando prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales del trabajador o generar sesgos discriminatorios.

Asimismo, cobra relevancia la responsabilidad empresarial en cadenas de suministro y subcontratación. Las tendencias globales apuntan a exigir a las empresas un mayor control sobre las condiciones laborales de terceros, contratistas y proveedores. En este contexto, una gestión descuidada de la tercerización puede derivar en riesgos de solidaridad laboral, conflictos colectivos y afectación de la imagen corporativa.

Finalmente, en 2026 se consolida la visión del derecho laboral como un instrumento de competitividad. Las empresas que adopten una gestión preventiva —basada en cumplimiento normativo, diálogo social y políticas claras— estarán mejor posicionadas para atraer talento, reducir litigios y adaptarse a entornos cambiantes. En contraste, aquellas que mantengan enfoques reactivos enfrentarán mayores costos legales y operativos.

En conclusión, anticipar los derechos laborales en 2026 no implica solo conocer la ley vigente, sino comprender las tendencias globales que están redefiniendo el mundo del trabajo. Para las empresas salvadoreñas, el reto es claro: transformar el cumplimiento laboral en una ventaja estratégica, integrando legalidad, competitividad y responsabilidad social en la gestión del talento.

Abogado