Hablar hoy de Venezuela y de Nicolás Maduro exige algo más que consignas ideológicas o reflejos automáticos de trinchera. Exige honestidad intelectual. Durante años, el debate internacional se refugió en palabras solemnes —soberanía, autodeterminación, no intervención— mientras millones de venezolanos perdían lo más elemental: la posibilidad de vivir con dignidad. Hoy, tras la captura de Nicolás Maduro y la incursión de fuerzas de los Estados Unidos en territorio venezolano, esas mismas palabras vuelven a invocarse con una indignación selectiva que resulta imposible de separar de la hipocresía.
Ahora bien la soberanía de Venezuela debe ser respetada y la autodeterminación del pueblo venezolano es un principio irrenunciable. Precisamente por eso, la incursión de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro constituye, en términos estrictamente formales, una violación a la soberanía estatal y al principio de libre determinación de los pueblos. Negarlo sería deshonesto. Nadie responsable puede trivializar una acción militar extranjera en suelo ajeno. La gravedad del precedente es evidente: cuando se cruza una frontera con fines coercitivos, se tensiona el orden internacional y se abre un terreno peligroso si se normaliza como método.
Pero reconocer esa afectación jurídica no agota el análisis, ni puede convertirse en un velo para ocultar la realidad que la precede. Porque la pregunta crucial no es únicamente “¿se vulneró la soberanía?”, sino “¿qué clase de situación sostenida llevó a que el mundo llegara a este punto?”. El debate serio no se queda en la superficie de los principios, sino que se atreve a mirar el conflicto de valores cuando el Estado, llamado a proteger, se vuelve agresor y el Derecho interno se convierte en un instrumento para castigar al que disiente.
El Derecho Internacional contemporáneo —desde Núremberg hasta nuestros días— ha dejado claro que la soberanía no es un escudo absoluto frente a los crímenes de lesa humanidad. Cuando un jefe de Estado convierte al aparato estatal en una maquinaria sistemática de persecución, represión, hambre inducida y anulación de libertades, el debate deja de ser territorial y se convierte en responsabilidad penal individual frente a la comunidad internacional. Es decir: el mundo no juzga a un pueblo ni a un país; juzga a quienes, desde posiciones de mando, habrían permitido o dirigido patrones sostenidos de violencia contra población civil.
Y eso es exactamente lo que ocurrió en Venezuela. No como episodio aislado, sino como un modelo. Un régimen no se define solo por discursos, sino por sus consecuencias humanas. Cuando el miedo se vuelve cotidiano y la disidencia se paga con cárcel, el Estado deja de ser casa común y se transforma en aparato de dominación. La soberanía entonces se reduce a un eslogan, útil para blindar a la cúpula y para movilizar simpatías externas, pero inútil para el ciudadano que necesita comida, libertad y seguridad. Durante décadas, el chavismo destruyó desde dentro la soberanía que hoy se invoca.
La autodeterminación del pueblo venezolano fue anulada no por fuerzas extranjeras, sino por represión militar, colectivos armados, persecución política, encarcelamientos arbitrarios, tortura, asesinatos selectivos y un sistema diseñado para castigar al que pensara distinto. Miles y miles de presos políticos no están tras las rejas por delitos comunes, sino por disentir. Miles de jóvenes y familias huyeron del país por temor a morir de hambre o desaparecer en una cárcel. Ese éxodo masivo no puede explicarse como “migración económica” sin más: es también el retrato de un país donde vivir libremente se volvió una apuesta mortal.
En ese contexto, la acción de los Estados Unidos no puede analizarse como un acto aislado de fuerza, sino como una respuesta extrema a una situación extrema: la protección de la vida y la dignidad humana de millones de ciudadanos venezolanos, violentadas de manera sistemática durante décadas por el régimen chavista y sus aparatos de represión. No se trata de romantizar la fuerza ni de convertir la intervención en norma; se trata de comprender el argumento: cuando un poder se sostiene sobre violaciones graves y prolongadas, la comunidad internacional —por imperfecta que sea— termina enfrentada a la tensión entre un principio formal y una tragedia humana persistente.
El interés que se invoca aquí no es geopolítico ni económico en su núcleo jurídico, sino humanitario, frente a crímenes que ofenden a la humanidad entera. Y eso, precisamente, es lo que hace que el debate sea incómodo: porque obliga a elegir entre la defensa abstracta de fronteras y la defensa concreta de vidas. En términos morales, el mundo suele preferir lo primero porque es más fácil. Pero la vida humana exige algo más que frases. A la tragedia humana se sumó el saqueo sistemático de los recursos del país. Mientras el discurso oficial hablaba de soberanía y antiimperialismo, el petróleo venezolano fue utilizado como moneda de intercambio político y financiero.
Empresas estatales chinas como China National PetroleumCorporation (CNPC) y Sinopec, así como China Concord Resources Corp, durante años han explotado el petroleomediante préstamos pagaderos con crudo, hipotecando la producción futura de Venezuela. Rusia, por su parte, aseguró control estratégico a través de Roszarubezhneft, heredera operativa de activos rusos en Venezuela. Este mecanismo no solo compromete barriles: compromete soberanía material, porque condiciona el futuro económico a acuerdos cerrados por una élite sin control democrático real.
De modo que, ante esta explotación petrolera por parte deChina y Rusia, nunca hubo escándalo internacional. No se hablaba de soberanía violada. Se hablaba de “cooperación estratégica”. Hoy, tras la intervención estadounidense, muchos descubren súbitamente la autodeterminación de los pueblos. La diferencia no es moral: es de conveniencia. Si el problema fuera la explotación, la indignación habría sido constante. Si el problema fuera la soberanía, se habría denunciado el endeudamiento pagado con crudo y la entrega de activos estratégicos. Pero el escándalo llega tarde y llega selectivo: cuando el actor que aparece en la ecuación ya no es “amigo ideológico”.
Peor aún, amplios sectores de la izquierda internacional —gobiernos, partidos, fundaciones, movimientos e intelectuales— lactaron durante años de los recursos de Venezuela. Ese petróleo financió agendas, alianzas y proyectos ideológicos en países que abrazaron el llamado “socialismo del siglo XXI”. La ideología se financiaba con petróleo, mientras el pueblo venezolano hacía filas interminables para conseguir leche, carne, pollo, papel higiénico o pasta dental. Una nación inmensamente rica fue empobrecida por diseño, con el aplauso o el silencio de quienes hoy se rasgan las vestiduras.
Esa izquierda global se acostumbró a presentar la tragedia venezolana como una simple “narrativa” de adversarios, mientras recibía beneficios reales, tangibles y constantes.Por eso, la indignación actual no nace de una súbita preocupación por los venezolanos. Nace del temor a perder beneficios. Saben que ya no podrán seguir lactando de una fuente que nunca perteneció al pueblo, pero que ellos usufructuaron sin pudor mientras la represión garantizaba el modelo. En otras palabras: el problema no es que se haya herido la soberanía; el problema es que se acabó el acceso fácil a la renta, a la influencia y al relato financiado.
Y cuando el dinero deja de fluir, la moral aparece como sustituto barato. En este marco, adquiere pleno sentido la actuación de la Corte Penal Internacional y de tribunales federales de Estados Unidos. No se persiguen ideologías, sino conductas: crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, conspiración criminal transnacional. Estos delitos no prescriben, no admiten amnistías válidas y no reconocen inmunidades personales. Las consecuencias son penales, no simbólicas. La justicia internacional, con todas sus limitaciones, sirve para recordar una verdad sencilla: el poder no convierte el crimen en política; lo convierte en crimen con uniforme.
Así, incluso reconociendo la violación formal de la soberanía, el núcleo del debate no es la frontera cruzada, sino las razones que llevaron a esa acción. Y esas razones tienen nombre: la protección de la vida humana, frente a un régimen que la violentó de manera sistemática durante décadas. La soberanía, cuando se convierte en coartada para oprimir, deja de ser principio y se vuelve mecanismo de impunidad. Y el mundo, tarde o temprano, termina enfrentado a esa contradicción. Hoy, pese al dolor acumulado, el pueblo venezolano siente algo que le fue negado por demasiado tiempo: esperanza.
La esperanza de reconstruir su país, de elegir libremente a sus autoridades, de convertir sus riquezas en bienestar para su gente y no en alimento para élites corruptas y aliados ideológicos extranjeros. La esperanza de que la vida cotidiana vuelva a ser posible sin miedo, sin hambre y sin persecución. La esperanza, en suma, de que el Estado vuelva a ser casa y no amenaza. Porque cuando un pueblo vuelve a exigir justicia y dignidad, no traiciona su soberanía: la recupera. Y esa recuperación no es un acto retórico, sino el retorno de lo básico: libertad real, justicia posible y pan en la mesa.
Abogado y teólogo.
