Ocho años después, Donald Trump se decidió a proceder contra Maduro y su régimen, tiempo en el que el chavismo siguió perpetrando toda clase de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, fraudes electorales y represión.

En el primer gobierno de Trump, su secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que «todas las opciones están sobre la mesa» con Venezuela, incluyendo la militar. Pero no pasó a más, salvo el nombramiento de Juan Guaidó como Presidente Interino y el congelamiento de cuentas del régimen chavista.

Ahora Trump ha procedido, después del denunciado robo de las presidenciales en Venezuela, pero le cuestionan que no debió invadir ese país porque «viola el derecho internacional» y sienta un precedente nefasto de intervencionismo y se multiplican las voces de gobiernos y organismos, sobre todo de izquierda, para revertir legalmente la captura.

Ni lo uno ni lo otro.

El mundo no puede pasar indiferente —o cómplice— de la opresión y la degradación de un pueblo otrora democrático y próspero, ahora convertido en narcodictadura. Pero tampoco puede avalar las intervenciones o invasiones de países, el expediente al que ha recurrido el criminal de guerra Putin para sojuzgar a Ucrania y reconstruir la infernal Unión Soviética.

La comunidad internacional tiene instituciones y solo debe asegurarse de que funcionen con independencia y celeridad, no a paso de tortuga y burocracia. Precisamente la inoperancia de las mismas lleva a que muchos quieran arreglar las cosas a su manera u otros se aprovechen para hacerse con poder y territorios, como Hitler en su momento.

No ha sido el caso de Estados Unidos, que se ha caracterizado por llegar a poner orden en un lugar y salirse después, como sucedió en Granada en 1983, en Panamá en 1989 y en Afganistán e Iraq en 2003, aunque en estos últimos casos fue casi estéril. Afganistán volvió a ser la dictadura medieval y misógina que era antes de la llegada de las tropas de EEUU por la vinculación de los talibanes con el terrorismo.

Lo que ha terminado de generar sentimientos encontrados en esta última experiencia en Venezuela es que se diga que la administración estadounidense asumirá el control del país, incluyendo su producción petrolera. Esto siembra dudas y cuestionamientos sobre los propósitos de la misión y ha sido aprovechado para que se busque convertir ahora a Maduro en «mártir por la defensa de la soberanía de los pueblos», por los mismos gobiernos y organizaciones que han callado todo este tiempo cuando el régimen venezolano ha reprimido brutalmente a la población, ha torturado y desaparecido a opositores, ha despilfarrado miles de millones mientras la gente busca qué comer entre la basura, además de promover gusaneras de corrupción en Latinoamérica, como sucedió con el «Alba».

De lo que no pueden quedar dudas es de que a Maduro tenían que sacarlo como lo hicieron, seguramente con algún trato, porque sus compinches no iban a dejar que saliera vivo de Venezuela para incriminarlos después en cualquier corte.

Las instituciones deben funcionar

Más que medidas de fuerza contra los dictadores más torvos, lo que el mundo necesita y debe potenciar –porque hasta ahora ha sido ínfimo– son instituciones e instrumentos legales que puedan aplicarse de inmediato y resolver crisis y someter a déspotas al imperio de la ley, como la Corte Penal Internacional.

Pero lo que vemos son dictadores que se llaman «progresistas» burlándose de las leyes que rigen los estados, sin tener consecuencias y con la mayor impunidad.

Estados Unidos tendrá que sopesar esta experiencia y tomar decisiones de liderazgo pronto para justificar sus acciones como esfuerzos por la democracia y no por intereses económicos y mercantilistas.