La cifra total de despidos y supresión de plazas incluye a empleados del Hospital Rosales, Fosalud y MINED, según el balance del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Advierten precarización en condiciones laborales
La cifra total de despidos y supresión de plazas incluye a empleados del Hospital Rosales, Fosalud y MINED, según el balance del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Advierten precarización en condiciones laborales

Un total de 19,610 despidos por supresión de plazas, despidos injustificados y por «retiro voluntario» se registraron en distintas instituciones públicas al cierre del año 2025, según un consolidado brindado a El Diario de Hoy por el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) en voz de su representante, Héctor Rodríguez, quien lo calificó como un «panorama sombrío».
Según el MTD, en el presupuesto 2025 se suprimieron 11,200 plazas. A esto se suman los despidos ocurridos en el transcurso del año, que son alrededor de 6,610. Asimismo, Rodríguez indicó que han incorporado a su balance de cierre de año los 1,800 trabajadores del Hospital Rosales despedidos, muchos de los cuales fueron notificados este martes.
Rodríguez describió así la situación: «Mientras estábamos desarrollando una reunión (en el Colegio Médico), nos informaron de los despidos por coacción que estaba haciendo el Ministerio de Salud a través de agentes de PPI contra el personal del Hospital Rosales, el Central, el Paravida y el Saldaña».
Ejemplifica que, en el caso del Ministerio de Educación, hubo más de 4,000 maestros que fueron obligados al retiro en agosto de 2024. Es decir que para el 2025 el MINED ya no contrató esa cantidad de maestros.
«Nuestro llamado es a los trabajadores y a las trabajadoras a que interpongan las denuncias haciendo prevalecer el Art. 2 de nuestra Constitución, la cual dice que lo más sagrado es el derecho al trabajo. Más allá de la indemnización, es el derecho constitucional al trabajo», manifestó Rodríguez.
Por otra parte, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) detalla que durante 2024 se reportaron 8,404 despidos, mientras que al cierre de 2025 la cifra es superior.
Según la UNT, este año también se registraron recortes en la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ANDA, la Asamblea Legislativa y diversas alcaldías, tras la reforma municipal y la reorganización administrativa. En 2024, las instituciones con mayor número de despidos incluyen a la Corte Suprema de Justicia, con 2,220 casos, Ministerio de Hacienda con 1,103, Asamblea Legislativa, con 950, y Ministerio de Cultura con 600. En varios de estos casos, las separaciones fueron registradas como retiros voluntarios o procesos de reestructuración.
Uno de los despedidos en 2024 es Guillermo García, quien después de 23 años de servicio en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue notificado sobre la supresión de su plaza.
García se desempeñó como coordinador del Departamento de Acciones Inmediatas, donde tenía a su cargo la atención directa de usuarios y la resolución expedita de denuncias. Posteriormente, fue trasladado al Departamento de VIH, donde ejerció funciones de coordinación y supervisión de la situación de derechos humanos de personas con VIH a nivel nacional, tanto en hospitales como en centros penitenciarios.
Para el extrabajador, miembro del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Despedidos de la PDDH, su despido se ejecutó sin el debido proceso, por lo que junto a otros afectados interpusieron las demandas respectivas y agotaron las instancias administrativas y judiciales. Los casos se encuentran en trámite ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
«El 12 de diciembre (2025) se presentó una apelación y el día 15 la Sala de lo Contencioso Administrativo concedió audiencia para conocer los argumentos por los cuales la Cámara había declarado improponible nuestro caso», detalló. A la fecha, más de un año después del despido, los extrabajadores continúan a la espera de una resolución.
García señala que esta situación ha tenido un impacto directo en la vida de las personas despedidas, alrededor de 80 durante 2024 en esta dependencia. Las afectaciones, agrega, son especialmente en mujeres solteras y madres cabezas de hogar, quienes se han visto afectadas en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación de sus familias, al quedar sin una fuente de ingresos estable.
Rodríguez, representante del Movimiento de Trabajadores, advierte un panorama «sombrío» con la continuidad de despidos en 2026. «El llamado es a fortalecer la organización del movimiento laboral», indica. «Nuestro Movimiento está brindando las asesorías correspondientes», indica.
Por su parte, la UNT señala que aunque no existen datos oficiales por género; con base en estimaciones sindicales, se calcula que el 62 % de los afectadas son mujeres, en instituciones vinculadas a los sectores de salud, educación y atención social. Los datos de la UNT abarcan hasta el 19 de diciembre, día en el que trabajadores de la PDDH informaron el despido de más de 70 empleados.
Este medio tuvo acceso a documentos, con fecha 18 de diciembre, con firma y sello del área de Recursos Humanos de la PDDH, en los que se notifica sobre la supresión de su plaza a partir del 1 de enero de 2026. En el escrito atribuyó la medida a modificaciones presupuestarias (reducción) para el periodo fiscal 2026. «Esto es similar a lo que vivimos el año pasado, justamente en esta fecha, 19 de diciembre de 2024 (…) alrededor de 90 compañeros fuimos despedidos», explica García cuyo proceso judicial sigue en curso.
El entrevistado sostiene que estos nuevos despidos reflejan una vulneración sostenida de derechos laborales y del debido proceso, y que como clase trabajadora seguirán luchando porque las instancias correspondientes emitan una resolución que restituya sus derechos.

El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) compromete al Gobierno a un ajuste para reducir la masa salarial del aparato público, reduciendo el gasto público en 1.4 % del PIB en 2025, 2.2 % en 2026 y 2.8 % en 2027.
En octubre de 2024, Hacienda confirmó el recorte de 11,176 plazas en instituciones públicas para el periodo fiscal 2025, contempladas en el presupuesto de la nación. Con esta medida el gobierno proyectó un ahorro de $176,810,295, según los datos publicados en el documento de «Plazas a tiempo completo por sistema de pago» publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.
Para 2025, el Estado estimó un gasto en salarios de $2,417,797,770, lo que representó $176,810,295 menos que en 2024, cuando se tuvo $2,594,608,065. Diferentes voces han señalado que «los recortes de personal se hacen de forma preferencial en instituciones con vocación social, como Salud y Educación», tal como lo reflejan las cifras actualizadas hasta el 19 de diciembre de la UNT.
De forma paralela, el consolidado de la UNT registra la afectación a 61 sindicatos del sector público entre 2019 y 2025, con 485 directivos sindicales despedidos, suspendidos, retirados o cuyas plazas fueron suprimidas.
El Movimiento de Trabajadores lamenta que los despidos se traduce en una «precarización de las condiciones» laborales: «Tenemos interpuestas demandas, no tenemos resoluciones inmediatas pero sí estamos sentando un precedente».
Para el desarrollo de esta publicación se solicitó postura oficial al Ministerio de Trabajo (MITRAB) a través del área de Comunicaciones. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. Tampoco hubo pronunciamiento oficial de otras instituciones estatales.
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