El Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador diciembre 2025 realizado por el gobierno confirma el déficit creciente en el sistema y que las cuentas individuales de ahorro de pensiones (CIAP) de la mayoría de jubilados en 2024 se acabaría en 2027.

Esto significaría una carga adicional a la Cuenta de Garantía Soberana (CGS) que asume el pago de las personas cuyos ahorros se agotan, la cual también se financia con las cotizaciones de los trabajadores.

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“La evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años, ejerciendo una presión considerable sobre la CGS en un futuro próximo. Considerando los ingresos y egresos de la CGS, se puede observar un constante deterioro financiero sobre este fondo colectivo en el escenario base”, dice el documento.

El estudio fue compartido en la plataforma de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda y habría sido hecho por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), una dependencia gubernamental.

“El presente informe contiene los resultados de un estudio del sistema de pensiones de El Salvador preparado por el FMI y basado en técnicas actuariales. Las estimaciones toman como base las disposiciones legales actuales del sistema de pensiones, así como la información y proyecciones financieras, macroeconómicas y demográficas previstas al mes de diciembre de 2024”, destaca la SSF.

La afiliación en el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) es obligatoria para los empleados del sector público y privado, y voluntaria para los trabajadores independientes.

Las tasas de contribución totales ascienden al 16 % (8.75 % empleadores y 7.25 % empleados). De ese total, 9 % se canaliza a la cuenta individual de ahorro para pensiones y 6 % se aporta a la CGS. El punto porcentual restante de contribuciones se destina a comisiones de las AFP.

Este estudio considera a todas aquellas personas que a diciembre de 2024 se encontraban pensionadas y a todos los afiliados que a esa fecha presentaban al menos una cotización en el SAP o en el Sistema Público de Pensiones.

Los ingresos del SAP se prevén estables en torno al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, pero se espera que los gastos se incrementen en la medida en que una mayor cantidad de aportantes al sistema se jubilen. El gasto iría creciendo desde el 3.7 por ciento del PIB en 2024 hasta el 8.4 por ciento del PIB en 2070.

Se proyecta un déficit creciente en el sistema de pensiones, que pasaría del 1.4 % del PIB en 2024 hasta el 4.4 % en 2070. Pero el valor presente neto (VPN) del déficit durante 2024-2070, que podría ser el valor acumulado, llegaría al 45.4 % del PIB.

La ley de pensiones de 2022 establece la fórmula que calcula las pensiones y determina el monto de la pensión mínima cuando el resultad del cálculo es inferior. Dicha pensión se paga de la cuenta individual hasta agotarse.

“Una vez agotada, la pensión se paga de la CGS. En el caso en que los fondos acumulados en el CGS se agoten, existe una garantía estatal para el cumplimiento de estas obligaciones, las cuales pueden ser asumidas por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a través de una emisión especial de deuda”, dice el informe.

También se estima que hacia el 2029 los activos de la CGS se agotarían.

Actualmente existen unos 1,400 afiliados activos y unos 86,500 afiliados retirados en el SPP.

Hacer ajustes

Los resultados del informe muestran un déficit del 59 % del PIB para los regímenes SAP y SPP en su conjunto,
teniendo en cuenta los ingresos por contribuciones y los gastos por pensiones para el período 2024-2070, y utilizando una tasa de descuento para los flujos del 1.5 por ciento.

«Los flujos presentados en esta evaluación corresponden únicamente a la estimación de los ingresos y gastos previsionales. Por lo tanto, no consideran las cargas fiscales que se originarían por el pago de intereses y capital de la deuda previsional que iría surgiendo en el tiempo», dice el estudio.

Y concluye que «será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones».

Parte del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es hacer una reforma al sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y el plazo para presentar la reforma es hasta febrero de 2026.

Sistema insostenible

El economista Rafael Lemus comentó que ya la deuda está calificada como “insostenible” y con el acuerdo con el FMI se busca estabilizarla y una leve disminución.

“Parte de ese programa con el fondo es la reforma de pensiones, que no sabemos qué magnitud de ajustes necesita que se haga para darle sostenibilidad. No es sostenible la deuda de pensiones sin reforma”, dijo.

Destaca que las tendencias demográficas son en disminución de la población en edad de trabajar y en aumento las personas en situación de vejez, lo que aumenta la carga financiera en el tiempo.

Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, expresó a El Diario de Hoy que para la reforma al sistema de pensiones de 2022 no se tuvo una base actuarial, ya que no se hizo estudio actuarial ni se definió en qué período de la aplicación de la reforma en 2022 se debía establecer las modificaciones necesarias, que se conocen como «paramétricas» para ir ajustando ese déficit.

«Iba a ser insostenible, porque se iba a comer las cuentas individuales en menos de una década y se ha cumplido al pie de la letra», expresó.

«La única organización que ha hecho un estudio actuarial en el contexto de la reforma de 2022 ha sido la Mesa por una pensión digna. Y tanto es así que nosotros a 2023 ya sabíamos lo que venía. Y lo advertimos públicamente», dijo.

Indicó que el sistema era insostenible porque el aumento del 30 % no tenía fuente de recursos certera.

En segundo lugar, iba a ser insostenible «porque iba a haber un aumento en la emisión de deuda», a través de los certificados de obligación previsional.

«En tercer lugar, se iba a volver insostenible porque venía un canje, es decir, el rezago que estaba de 2006 a 2022 a través del FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales) y los certificados que no se iba a pagar. Nosotros le llamamos en aquel entonces un borra saldo», añadió.

En 2023 se realizó un canje de todos los anteriores títulos de pensiones (deuda) por nuevos títulos (Certificados de Financiamiento de Transición. La adquisición se hizo con un período de gracia para el pago de intereses y capital de 4 años, que finaliza en abril de 2027.