La firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea —integrada por 27 Estados— y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), en negociación desde 1999 y cerrado técnicamente en 2019, fue pospuesta 48 horas antes de su rúbrica oficial en Brasil. El acto debía realizarse en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras más de 20 años de negociaciones, se alcanzó un acuerdo que abarca tanto el comercio como la cooperación en sectores como la educación y el diálogo político. El volumen de intercambios se estima en unos 45.000 millones de euros e involucra a la agricultura —convertida en el principal foco de tensión—, así como a los sectores automotriz, farmacéutico, textil y de servicios. Al tratarse de un acuerdo global, su ratificación puede ser bloqueada por al menos cuatro países que representen el 35 % de la población europea. En los últimos días, Francia, Italia, Polonia y Hungría se han unido para denunciar sus posibles consecuencias sobre la agricultura.

Este frente común logró un bloqueo político que la Comisión Europea tuvo que tomar en consideración. Se anunció entonces un plazo hasta mediados de enero de 2026. En el mejor de los escenarios, ese tiempo permitiría una armonización interna dentro de la Unión Europea y la obtención de mayores garantías comerciales entre ambas partes. De lo contrario, Europa corre el riesgo de renunciar a un acuerdo con un mercado de 700 millones de personas, pese a las declaraciones tranquilizadoras de la Comisión. El anuncio del aplazamiento se produjo en un contexto tenso, marcado por manifestaciones de agricultores en Bruselas, coincidiendo con la reunión de jefes de Estado y de Gobierno europeos para validar el tratado.

Francia fue el país que solicitó oficialmente posponer la firma del texto, inicialmente prevista para este fin de semana. Italia se sumó a la demanda, seguida por Hungría y Polonia, haciendo viable el bloqueo. Este margen otorgado por la Comisión Europea ofrece un respiro al presidente francés, quien atraviesa dificultades en el plano interno desde la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024. Las elecciones anticipadas derivaron en una fragmentación política del Parlamento, con una Asamblea sin mayoría clara, tres primeros ministros en menos de año y medio y reiteradas disoluciones de textos legislativos. Este contexto explica, en parte, la actitud del presidente francés frente a las recientes protestas del sector agrícola, cuyo peso electoral es significativo. En plena temporada navideña, el Gobierno busca evitar una paralización del país.

Los agricultores protestan al considerar que el acuerdo con el Mercosur no es equilibrado. Señalan que las condiciones de producción —especialmente en la industria cárnica— no están sujetas a las mismas obligaciones, en particular en materia sanitaria. A pesar de la existencia de “cláusulas de salvaguarda”, Francia sostiene que su agricultura está amenazada y sigue exigiendo “cláusulas espejo”, que obliguen a los productos importados —carne, soja o azúcar— a cumplir de manera estricta las normas medioambientales exigidas a los productores europeos.

Anunciado como un tratado destinado a reforzar los intercambios comerciales y la cooperación entre ambos bloques, el acuerdo se ha convertido en un foco de tensión y crispación bilateral. Para Europa, el momento es especialmente complejo. La guerra en Ucrania obligó a redefinir las fuentes de suministro energético —tanto de gas como de petróleo—, rompiendo la dependencia de Rusia.

Desde que Donald Trump asumió su mandato en enero de 2025, el vínculo transatlántico en materia de defensa ya no parece tan sólido como lo fue desde la creación de la OTAN en 1949. Tras la fase de reconstrucción de la posguerra, Europa desarrolló su economía y su integración regional, convirtiéndose en el principal espacio comercial mundial durante las décadas de 2000 y 2010. Considerada hoy un competidor por Estados Unidos, la Unión Europea enfrenta una nueva realidad en materia de seguridad. Washington presiona para que los europeos piensen una defensa propia, con inversiones en una industria militar autónoma.

A esta presión estratégica se suman tensiones comerciales con Estados Unidos y China, realidades que obligan a Europa a establecer nuevas rutas económicas. En este contexto, América Latina adquiere una importancia estratégica, y el Mercosur, en particular. De ahí que la firma del tratado comercial resulte, para los europeos, casi una obligación estratégica.

El Mercosur —acrónimo de Mercado Común del Sur— fue creado en 1991 en Paraguay. Fundó una unión aduanera entre sus miembros originales (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Venezuela, incorporada posteriormente, fue suspendida en 2017, mientras que Bolivia se integró en 2023. El bloque cuenta además con Estados asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Perú.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur permitiría crear la mayor zona de libre comercio del mundo, representando cerca del 25 % del PIB global y a 700 millones de habitantes. Al igual que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México entre 1994 y 2000, el objetivo es reducir aranceles y barreras comerciales para facilitar la circulación de bienes. El tratado también contempla una cooperación política y diplomática, con miras a promover el diálogo sobre migración, economía digital, cibercriminalidad, educación y protección medioambiental.

A la Unión Europea le favorecería la reducción de barreras para su industria automotriz, los productos químicos y el sector vitivinícola, mientras que el Mercosur obtendría mayor acceso al mercado europeo para productos agrícolas como carne, pollo y azúcar. Aunque firmado en 2019, el tratado aún no ha sido ratificado.

En Francia, comisiones de expertos han advertido sobre la falta de garantías en relación con los compromisos del Acuerdo de París sobre el clima, así como sobre el respeto a las normas europeas en materia sanitaria, laboral y de bienestar animal. Las diferencias en los modos de producción entre el Mercosur y Europa explican, en gran medida, el freno impuesto por los cuatro países. Los agricultores temen una “invasión” de productos más baratos: según la agencia Associated Press, 99.000 toneladas de carne de res podrían ingresar con un arancel reducido del 7,7 %, y 180.000 toneladas de pollo quedarían exentas de derechos aduaneros. La Comisión Europea sostiene que estas cifras representarían apenas el 2 % del consumo anual de carne en Europa, pero el temor persiste, especialmente entre los productores cárnicos, aunque otros sectores, como el del vino y el queso, podrían beneficiarse ampliamente.

La pregunta es inevitable: ¿se trata de un autogol de algunos países europeos frente a un tratado que abre nuevos espacios en medio de las tensiones internacionales y de la redefinición del comercio global en un contexto de bipolaridad sino-estadounidense? Las próximas semanas serán estratégicas. Los presidentes del Mercosur, empezando por Lula da Silva, podrían perder la paciencia y la confianza en la Unión Europea. Sin duda, está en juego un momento clave para el futuro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.