El Salvador mejora nota en el índice mundial de crimen organizado
Trata y tráfico de personas son los tipos de crímenes que mantienen alta incidencia en el país, mientras que hay una reducción en las extorsiones, de acuerdo al Índice Global de Delincuencia Organizada 2025
En noviembre se realizó un operativo para desmantelar una red de narcotráfico que operaba en la zona occidental del país. Además, se determinó que explotaban sexualmente a dos adolescentes. Estas acciones eran cometidas en Guatemala y en El Salvador. Foto cortesía FGR
El Salvador mejoró su posición en el Índice Global de Crimen Organizado 2025 pasando a ocupar la posición 77 de 193 países, mientras que en el ranking de 2023 estuvo en la posición 52 de los países con mayor incidencia de crimen organizado.
El Índice Global de Crimen Organizado es un proyecto de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), que cuenta con la fundación del proyecto de Mejora de la Respuesta de África a la Delincuencia Organizada Transnacional (ENACT, por sus siglas en inglés), con el apoyo de INTERPOL, el Instituto de Estudios de Seguridad y financiación de la Unión Europea y del Gobierno de Noruega.
El Índice Global mide la criminalidad y la resiliencia de cada país en una escala del 1 al 10. Cuanto mayor sea la puntuación, más graves son las condiciones de criminalidad. En ese sentido, El Salvador pasó de una nota promedio de 5.92 en 2023 a un promedio de 5.45 para este año.
Se evalúan 15 tipos de mercados criminales y el promedio obtenido fue de 5.10. En el que tiene la mayor incidencia es el delito de trata de personas, con nota 7.50, un incremento de medio punto respecto a la evaluación anterior.
«El Salvador sigue siendo un importante país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, agravado por la debilidad de sus instituciones democráticas y los altos niveles de corrupción. Junto con Guatemala y Honduras, el país forma parte de una región conocida por la trata de personas, donde las redes criminales explotan activamente a personas vulnerables», dice el informe.
Añade que cuando las personas no pueden pagar sus deudas a los traficantes (conocidos como coyotes), las obligan al trabajo forzoso en empresas delictivas como el tráfico de drogas y armas, la extorsión y la prostitución.
La segunda afectación es el tráfico de personas, con una nota de 7.
«La presencia de actores estatales en las redes de tráfico se evidencia en el uso de los aeropuertos salvadoreños para el tránsito ilícito», indica el informe.
Aunque destaca que las autoridades desmantelaron una importante red de tráfico de migrantes en 2024 y las medidas represivas, el tráfico persiste, y migrantes de África y Asia pagan tarifas sustanciales para transitar por la región.
«Los informes sugieren que las ganancias ilícitas de las operaciones de tráfico podrían canalizarse hacia activos digitales, aprovechando el marco regulatorio limitado de El Salvador sobre las transacciones con criptomonedas», destacó.
La incidencia de tráfico de armas experimentó mejoría, con una puntuación de 6.5, medio punto menos que en 2023.
No obstante, el informe dice que El Salvador sigue siendo un nodo clave en las redes regionales de tráfico de armas, las cuales provienen principalmente de Estados Unidos y se contrabandean a través de México antes de llegar a grupos criminales.
«A pesar de las miles de armas de fuego confiscadas desde que comenzó el estado de excepción en 2022, el número estimado de armas de uso militar no contabilizadas sigue siendo alto. Los expertos sugieren que las pandillas han ajustado sus tácticas operativas, ocultando armas de fuego para evitar incautaciones», añadió el estudio.
Sin transparencia sobre extorsión
En cuanto a la extorsión y chantaje de protección, la calificación del país bajó de 7.50 a 5 en dos años, lo que representa menor incidencia del delito.
«Si bien las estadísticas oficiales sugieren una disminución en los delitos relacionados con la extorsión, la falta de transparencia en los datos estatales genera preocupación sobre la verdadera magnitud del problema», destaca la evaluación.
Y es que la extorsión ha sido una de las formas de financiación de las pandillas y con la ofensiva estatal contra esas estructuras los pequeños negocios y servicios de transporte no tienen que incluirla en sus costos de operación.
«Sin embargo, la extorsión persiste en zonas aisladas, ahora llevada a cabo por delincuentes independientes y exmiembros de pandillas», dice el informe.
Y añade que «algunos perpetradores imitan las tácticas de las pandillas, utilizando llamadas telefónicas amenazantes para exigir pagos únicos».
La medición también evalúa a los actores criminales que inciden en el país, con una nota promedio de 5.80, que se desglosa así: grupos de estilo mafioso, nota 6; redes criminales, 6; actores integrados en el Estado, nota 7.5; actores extranjeros 5 y actores del sector privado 4.5.
Delitos cibernéticos
La ciberdelincuencia está en aumento, con ataques de ransomware y fraudes relacionados con criptomonedas entre los delitos más frecuentes. «La billetera Chivo, respaldada por el Estado, se ha visto afectada por incidentes de piratería informática, lo que ha expuesto vulnerabilidades sistémicas en la seguridad financiera digital. El Salvador presenta un bajo nivel de preparación en ciberseguridad, y los informes sugieren que actores vinculados al Estado podrían estar involucrados en campañas de acoso digital contra periodistas y activistas», dice el Índice Global de Crimen Organizado.
