En operativos de alto perfil realizados en Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y Massachusetts, más de la mitad de los detenidos no tenían ningún historial criminal.
En operativos de alto perfil realizados en Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y Massachusetts, más de la mitad de los detenidos no tenían ningún historial criminal.

Las recientes operaciones federales de inmigración desplegadas en grandes ciudades de Estados Unidos, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para intensificar las detenciones, han resultado en miles de arrestos.
Sin embargo, estas redadas han sido menos eficaces en identificar a inmigrantes con antecedentes penales en comparación con las operaciones rutinarias en otras regiones del país, según revela un análisis de The New York Times basado en nuevos registros gubernamentales.
En operativos de alto perfil realizados en Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y Massachusetts, más de la mitad de las personas detenidas no tenían ningún historial criminal, mientras que a nivel nacional este grupo representa alrededor de un tercio de los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los datos, obtenidos tras una demanda y publicados por el Deportation Data Project, incluyen cientos de miles de registros de arrestos y detenciones hasta el 15 de octubre.
El análisis del NYT, firmado por Albert Sun, muestra que menos del 30% de los detenidos en los operativos especiales contaban con alguna condena, y solo una fracción mínima tenía antecedentes por delitos violentos. Las infracciones más frecuentes correspondían a conducir bajo los efectos del alcohol u otras faltas de tránsito.
Las autoridades federales han justificado las operaciones argumentando que las políticas de “ciudades santuario” dificultan la detención de inmigrantes con historial delictivo. Para reforzar sus acciones, el gobierno ha desplegado elementos de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional.
Mientras tanto, líderes locales y defensores de derechos civiles sostienen que los operativos han generado caos, temor y protestas, sin demostrar mejoras en la seguridad pública. Los arrestos también han ocurrido en lugares sensibles como tribunales, aeropuertos, escuelas e incluso en entrevistas migratorias.
A nivel nacional, la tendencia refleja un cambio significativo. El porcentaje de personas arrestadas por ICE con antecedentes criminales cayó al 28% en octubre, comparado con el 46% al inicio de la administración Trump. Solo un 5% tenía condenas por delitos violentos, frente al 15% registrado en 2024.
Esto contrasta con el enfoque de la administración previa: en 2024, bajo el gobierno de Joseph R. Biden Jr., el 63% de los arrestos por ICE involucraban a personas con condenas previas.
En varios estados, incluyendo Washington D.C., Massachusetts e Illinois, la mayoría de los detenidos este año carecían por completo de antecedentes penales. El incremento coincide con decisiones recientes, como la autorización de la Corte Suprema para que agentes migratorios consideren la raza o la etnia como factores al detener y cuestionar a personas en la vía pública.
La ofensiva migratoria del gobierno ha sido acompañada por una narrativa oficial que enfatiza la captura de delincuentes peligrosos. “El Departamento de Seguridad Nacional está apuntando a los peores criminales ilegales”, afirmó la vocera Tricia McLaughlin.
No obstante, los datos analizados por The New York Times muestran un panorama distinto, en el que la mayoría de los detenidos no tienen historial delictivo en Estados Unidos.
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