El 3 de diciembre es una ocasión para recordar que la inclusión de las personas con discapacidad se construye a través de políticas públicas sostenidas y un compromiso permanente para que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos. 

En América Latina —y particularmente en El Salvador— esta fecha invita a analizar de manera integral los avances y desafíos en materia de discapacidad, entendidos desde el modelo social y de derechos que organismos como la CEPAL han venido consolidando. Este avance ha supuesto un cambio de abordaje de la discapacidad marcado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención – ratificada por El Salvador – generó un cambio de modelo trascendental sobre el análisis puramente médico de la discapacidad a un modelo social. En esta transición, se pasa de concebir la discapacidad como un “problema” médico que requiere únicamente un tratamiento a verlo como la obligación que como sociedad tenemos de remover todas aquellas barreras que impiden que las personas con discapacidad interactúen de manera efectiva en todas las esferas de la vida. Esta concepción va más allá de las barreras físicas y supone un cambio de actitud para lograr una inclusión integral.

En ese sentido, la discapacidad debe analizarse no como una condición individual aislada, sino como el resultado de la interacción entre una persona y un entorno que puede presentar barreras físicas, económicas, institucionales o actitudinales. 

En este marco, la inclusión depende tanto de la accesibilidad y la protección social como del acceso a salud, educación, participación y oportunidades laborales, especialmente en sociedades con profundas desigualdades estructurales.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2021, alrededor de una quinta parte de la población presenta alguna discapacidad funcional permanente. Este no es un grupo homogéneo: incluye niñas y niños que requieren apoyos para el desarrollo temprano, adolescentes que necesitan entornos educativos inclusivos, personas adultas buscando empleo digno, y personas mayores que enfrentan limitaciones acumuladas. 

Las diferentes trayectorias exigen políticas sensibles a cada etapa del ciclo de vida. Y la mejor manera de diseñar estas estrategias es con la participación de las personas con discapacidad, pues son ellas quienes mejor pueden dar cuenta de las barreras que debemos vencer como sociedad para lograr una verdadera inclusión.

Por ello, este Día Internacional es una oportunidad para renovar el compromiso con políticas basadas en evidencia, con financiamiento adecuado y con una visión que coloque a las personas en el centro. Una visión informada y diseñada con las propias personas para quienes buscamos promover políticas integrales.

La inclusión requiere sistemas que reduzcan las brechas en educación, salud, movilidad, empleabilidad y protección social, y que fortalezcan la capacidad del Estado para dialogar con las organizaciones de personas con discapacidad y acompañarlas en el cumplimiento de sus derechos.

Desde Naciones Unidas reiteramos nuestra disposición acompañar estos esfuerzos. Porque la verdadera inclusión parte de la convicción compartida de que cada niña, cada niño, cada joven y cada persona con discapacidad merece vivir en un entorno que reconozca su dignidad, su autonomía y busque todas las medidas posibles para que cada persona alcance su pleno potencial. 

Construir ese futuro es un compromiso continuo, y también una responsabilidad colectiva.

Raúl Salazar, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas para El Salvador

Victoria Colamarco, Representante de UNICEF en El Salvador.