El derecho suele presentarse como el gran garante de la justicia y la convivencia pacífica. Se repite que «nadie está por encima de la ley» y que las normas protegen por igual a todas las personas. Sin embargo, la experiencia cotidiana y la historia reciente muestran otra cara incómoda: el derecho también puede ser un instrumento de opresión, especialmente en regímenes donde la ley se usa no para limitar el poder, sino para blindarlo.

Hablar del ejercicio opresor del derecho es referirse a la forma en que las normas, su interpretación y su aplicación se convierten en mecanismos de dominación. No se trata solo de leyes abiertamente injustas, sino de un entramado de prácticas judiciales, policiales y administrativas que legitiman desigualdades y consolidan el poder de algunos grupos sobre otros. Al definir qué conductas son delito, la ley moldea comportamientos, produce sujetos obedientes y traza la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable. En una democracia sana, este poder disciplinario está medianamente controlado. En un régimen autoritario, en cambio, se convierte en un arma al servicio del gobernante.

El derecho penal es quizá el ejemplo más evidente. En teoría, protege a la sociedad de conductas graves. En la práctica, suele seleccionar con precisión a sus destinatarios: pobres, jóvenes de barrios marginados, minorías políticas. Las leyes sobre drogas, por ejemplo, rara vez caen con la misma fuerza sobre los hijos de las élites que sobre los habitantes de las comunidades. En regímenes autoritarios, esta lógica se extrema: se crean delitos ambiguos como «alteración del orden público» o «apología del terrorismo» que permiten encarcelar a opositores, periodistas o manifestantes. Todo «dentro de la ley».

En el campo laboral ocurre algo parecido. El derecho del trabajo nació para proteger al trabajador frente al poder del empleador. El contrato laboral se presenta como un acuerdo libre entre iguales, cuando en realidad encubre una relación profundamente desigual: quien tiene la necesidad de trabajar acepta condiciones que rara vez puede negociar. En contextos autoritarios, donde los sindicatos son perseguidos o controlados, la ley laboral puede convertirse en un candado que legitima la explotación.

Tampoco escapan a esta lógica las leyes sobre la familia o la violencia doméstica. En muchas sociedades, las normas han servido para consolidar la subordinación de las mujeres, justificando desigualdades salariales o minimizando la violencia en el hogar. El discurso jurídico ha sabido esconder relaciones de poder bajo la máscara de la tradición o de la «armonía familiar». El derecho impone una visión del mundo que parece natural, cuando en realidad responde a los intereses de quienes mandan. El ejercicio opresor del derecho no es un problema de malos elementos del sistema, sino una estructura creada a gusto del poder.

Desde una perspectiva cristiana, esta constatación debería encender todas las alarmas. La Biblia insiste en que la ley existe para proteger al débil, no para aplastarlo. Los profetas alzan la voz contra quienes «dictan leyes injustas» y «publican decretos tiránicos para negar la justicia a los pobres» (Isaías 10:1-2). Jesús mismo se enfrentó a los poderes religiosos y políticos quienes usaban la norma para colocar «pesadas cargas» sobre los demás mientras ellos no movían «ni un dedo» para levantarlas. El criterio evangélico es claro: toda ley que humilla, excluye o despoja al vulnerable se aleja del Dios de justicia y misericordia.

El desafío para los cristianos —y para cualquier persona de buena voluntad— no es solo obedecer la ley, sino discernirla y, cuando es necesario, cuestionarla. No basta con repetir que «si es legal, está bien». La historia está llena de horrores perfectamente legales. Se necesita una conciencia formada que ponga en el centro la dignidad humana y el mandato del amor al prójimo, especialmente al más pequeño.

El llamado es doble: A quienes trabajan dentro del sistema jurídico se les pide el coraje de no convertir la ley en escudo de la injusticia, sino en herramienta de protección real. Y a los cristianos se les pide pasar de la indiferencia a la profecía: acompañar a las víctimas y apoyar reformas que pongan el derecho al servicio de la vida. Solo así, la fe dejará de ser un adorno privado y se convertirá en una fuerza que abre camino a una justicia más parecida al Reino que Jesús anunció.

Pastor General de la Misión Cristiana Elim.