Honduras vota. Y desde el pasado 28 de noviembre, estas elecciones han cambiado de dimensión. Se han convertido en un desafío nacional, regional y continental. ¿Qué ocurrió? La razón es simple: el presidente estadounidense Donald J. Trump intervino directamente en la campaña, llamando a votar por Nasry Asfura. El candidato del Partido Nacional “es el único verdadero amigo de la libertad”, declaró Trump en su red social Truth Social.

El exalcalde de Tegucigalpa (2014-2022), elegido por dos mandatos en la capital, fue definido por la Casa Blanca como el único capaz de resistir a Nicolás Maduro y “al narcotráfico”. Trump agregó que “no podría trabajar” con Rixi Moncada, candidata de la izquierda en el poder en Tegucigalpa, y afirmó además que no confía en el tercer aspirante relevante, Salvador Nasralla.

Varios candidatos compiten en esta elección. La intervención de Trump pareció reactivar el interés en las últimas horas de una campaña que convoca a 6.3 millones de hondureños en un país de 11 millones de habitantes. Tres figuras principales —cada una con esquemas y proyectos distintos para este país centroamericano— entran así en una contienda observada de cerca por Washington en el marco de su lucha contra el narcotráfico: el continuismo de Rixi Moncada, con quien Trump dice que no podría trabajar; el “conservadurismo neoliberal” de Nasry Asfura; y la postura antisistema de Salvador Nasralla. Estas son las opciones entre las cuales deberán elegir los hondureños.

Hasta el mensaje del presidente estadounidense, las encuestas no mostraban un resultado claro. Pero en los últimos dos días el debate público se electrizó. Ya no se discuten propuestas sobre empleo o modelo económico; ahora se trata de escoger entre “cómplices del narcotráfico” y los demás. Al presentar a Asfura como el único “defensor de la libertad”, Trump descalificó al resto. Su postura —abiertamente contraria a Moncada y “dudosa” frente a Nasralla— resonó con fuerza en Honduras.

El enfoque situó al país dentro del contexto de la Operación Southern Spear (“Lanza del Sur”), actualmente desplegada en el Caribe contra los carteles de la droga. Esta ofensiva ha puesto en jaque a regímenes señalados como cómplices o actores centrales, como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

¿Qué ocurrirá con Cuba, cuya alianza con Caracas se fortaleció durante la presidencia de Hugo Chávez? Eso dependerá del futuro de Venezuela, pero el momento es decisivo y de dimensión histórica. Al definir a los carteles como el objetivo central de una operación que moviliza diez unidades navales estadounidenses y el 30% de los aviones actualmente desplegados en misiones exteriores, Washington demuestra un nivel de determinación en materia de seguridad sin precedentes en décadas. La correlación entre la presencia de carteles y la seguridad nacional estadounidense se ha vuelto explícita. Southern Spear busca tanto eliminar a los grupos ilícitos como “proteger a la nación”. Es decir, la prioridad estratégica de Estados Unidos vuelve a ser la “preservación interna” mediante la neutralización de los carteles.

Desde los años ochenta, el narcotráfico ha sido un eje central en las relaciones entre los países latinoamericanos productores y los países consumidores, principalmente Estados Unidos. En las décadas de 1990 y 2000 se habló incluso de corresponsabilidad, lo que derivó en mecanismos de cooperación en seguridad, inteligencia y desarrollo. El Plan Colombia, elaborado en 2000 por el presidente Andrés Pastrana y su homólogo Bill Clinton, reforzó la capacidad militar colombiana y permitió a Álvaro Uribe implementar su política de “seguridad democrática”, debilitando a las FARC y reduciendo la producción de cocaína.

Hoy, frente a la explosión del tráfico en respuesta a una demanda global —en Norteamérica, Europa, África y Medio Oriente—, Estados Unidos es el único actor capaz de desplegar una fuerza del calibre de Southern Spear, imponiendo una presión política y operativa en el hemisferio occidental. Todos están implicados: los países productores (Colombia, Perú, Bolivia y la Amazonía brasileña), los exportadores (Ecuador, México —primer socio comercial de EE. UU.—) y los del Caribe, como Haití, hoy dominado por las maras.

Varios gobiernos latinoamericanos promovieron en los últimos años una “visión alternativa” del orden internacional, denunciando a Occidente y particularmente a Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, pero también de la Colombia de Gustavo Petro, que recurre a una retórica “libertadora”. La región diversificó sus alianzas: China incrementó su presencia económica, Rusia mantuvo relaciones estratégicas y organizaciones como Hezbolá ampliaron su actividad, especialmente en Venezuela. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los simpatizantes de esta “tentación del Sur global” vuelven a ser vistos con suspicacia, si no como adversarios.

Honduras lo está viviendo. La candidata de izquierda se ha convertido en un “espantapájaros” para una Casa Blanca decidida a promover una “nueva teoría de los dominós”, pero invertida: si durante la guerra fría eran los movimientos revolucionarios los que avanzaban, hoy serían los movimientos nacionalistas y anti-“woke” los que impulsarían una nueva dinámica. ¿Tiene esto una meta geopolítica? Sin duda: se busca frenar la influencia china —cuyo intercambio comercial con América Latina alcanzó el año pasado los 500 mil millones de dólares, al nivel de Estados Unidos— y recuperar influencia política en el hemisferio occidental.

Desde esta mirada territorial, Washington podría incluso negociar con Rusia una forma de no agresión recíproca: una retirada gradual de Ucrania a cambio de estabilidad en América Latina, para concentrarse plenamente en la nueva bipolaridad sino-estadounidense. El continente vuelve así a situarse en la línea de fractura de las tensiones internacionales. Y Honduras lo experimenta hoy, en plena campaña presidencial rumbo a 2025.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.