La participación ciudadana es una parte importante para lograr el desarrollo social de un país, pues son las personas las que conocen de cerca las necesidades de las comunidades, destacó Henry Fino, abogado y defensor de derechos humanos.

«Yo siempre he dicho que, lamentablemente, los gobiernos desperdician eso. Porque las organizaciones de sociedad civil siempre plantean el problema y una propuesta de solución. Lamentablemente, esa solución nunca, ni este ni ningún gobierno la ha tomado en cuenta», expresó.

Fino, quien fue director de FESPAD una de las organizaciones que cerró operaciones en el país debido a las restricciones que genera la Ley de Agentes Extranjeros, recordó que el cierre del espacio cívico «es un gravísimo error», porque da un aporte importante al país.

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Indicó que no se trata de hacer señalamientos, sino que también dar propuestas de mejora.

«Al cerrar esos espacios no solo para la propuesta, sino para la formación crítica de la población es total y absolutamente negativo para un desarrollo democrático en El Salvador», dijo el experto.

Destacó que alcanzar el bienestar social depende de la participación de todos.

«El bienestar colectivo se fundamente en la diversidad de opiniones, en la diversidad de pensamientos. Los gobiernos, en general, son malos administradores y siempre tienen necesidad de una orientación, de una opinión diferente para orientar», expresó.

Descarta que las voces disidentes estén para emitir críticas para afectar a la política pública, sino que ayudan a señalar las posibilidades de mejora.

Construcción democrática

Fino enfatizó que la democracia demanda la participación ciudadana y se le tome en cuenta; pero que se le toma en cuenta solo para dos cosas: para cobrar impuestos y para participar en las elecciones.

Mencionó que el Estado salvadoreño «nunca se ha caracterizado por ser muy respetuoso de los derechos humanos». Pero fue con el proceso de los Acuerdos de Paz que se dio un avance, que derivó en la conformación de nuevas instituciones, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

«Había al final del conflicto una luz de esperanza de que las cosas en El Salvador iban a cambiar», dijo.

Aunque señaló que los cambios se dieron de forma muy lenta, pero en los últimos seis años ese avance se estancó y se percibe un retroceso en la apertura de las propuestas de la sociedad civil.

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Además, El Salvador ha tenido también un desmontaje la estructura institucional y que está en control del gobierno.

«El único resultado tangible es la tranquilidad. Y nótese que digo tranquilidad, no seguridad, porque la seguridad es un concepto muchísimo más amplio para el bienestar de la sociedad. Lo que hemos adquirido con la neutralización, no la erradicación, con la neutralización de las pandillas que era lo que tenía en zozobra a la población es tranquilidad», consideró.

Para Fino, la sociedad está “pagando un precio altísimo” en el irrespeto a los derechos humanos.

“Lamentablemente, la sociedad salvadoreña ha adquirido una especie de insensibilidad y una sensibilidad preferencial. Pues que, sencillamente, en tanto a mí no me afecte, se puede hacer lo que se quiera en este país”, planteó.

Indicó que eso se ejemplifica en los casos de detenciones del régimen de excepción y también el temor de las personas en emitir opiniones políticas, como lo señalaron varias encuestas académicas.

En otro aspecto que no se tomó en cuenta a la voz de la población fue en el tema de minería metálica, que terminó aprobándose una nueva ley extractivista. “Estamos en una dictadura y no lo podemos negar”, señaló.

También destacó que un elemento esencial de la gobernanza es la independencia de poderes, “pero eso ya no existe”.