El gasto social en América Latina y el Caribe mostró señales de estabilización durante 2024, sin embargo, las diferencias entre países siguen siendo profundas. 

El nuevo informe «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025», publicado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubica a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala dentro del grupo de países con uno con los menores gastos sociales per cápita.

Según el documento, si bien el gasto social de El Salvador pasó de 8.4 % del PIB en 2023 a 9 % en 2024, uno de los aumentos más altos del bloque Centroamérica–México–República Dominicana, al evaluar cuánto se invierte por habitante, la brecha regional se hace evidente.

En 2024, el gasto social per cápita en la región fue de 1,326 dólares, y en América Latina promedió 1,110 dólares.

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En términos de dólares per cápita, cuatro países gastan más de 2,500 dólares anuales per cápita, mientras que cinco países disponen de menos de 500 dólares anuales per cápita.

El Salvador, junto con Guatemala, Honduras y Nicaragua, se ubicó en el último grupo de países, con menos de 600 dólares por persona al año destinados a gasto social.

La comparación es amplia frente a los países con mayores niveles, entre los que destaca Uruguay cuyo gasto social es de $3,347 dólares por persona, Chile con 2,960 dólares, Guyana con 2,835 dólares y finalmente Barbados con 2,724 dólares.

Un segundo bloque intermedio, con naciones como Brasil, Bahamas o Trinidad y Tobago, también supera ampliamente el promedio centroamericano.

Sectores que concentran el gasto

La CEPAL indica que la distribución del gasto social se mantiene estable en la región, siguiendo patrones de las últimas dos décadas.

En América Latina, los tres rubros principales que representaron el 2024 son Protección social con el 4.4 % del PIB, Educación con 3.8 % y Salud con 2.7 % del PIB.

Suramérica muestra un peso mucho mayor en protección social (6.4 %), mientras que Centroamérica, México y República Dominicana apenas alcanzan el 2.1 %, un nivel similar al Caribe.

El informe de la CEPAL, que comprende el período transcurrido entre 2000 y 2024 en relación con la cobertura del gobierno central de 17 países de América Latina y 7 países del Caribe, también detalla que en 2023 hubo un incremento en las transferencias públicas y su efecto en la reducción de la pobreza. 

La pobreza total se redujo 3.5 puntos porcentuales gracias a estas transferencias y, además, la pobreza extrema disminuyó 2.7 puntos porcentuales.

Aun así, el organismo advierte que los sistemas sociales necesitan mayor fortalecimiento para avanzar hacia la erradicación de la pobreza y reducir las brechas de desigualdad.

La CEPAL señala que los 24 países con información disponible destinaron en 2024 un promedio de 11.4 % del PIB al gasto social del gobierno central.

Aunque aún por debajo del máximo de 2020 (13.8 % del PIB), la cifra muestra una estabilización luego de los ajustes pospandemia.

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Pero la heterogeneidad entre países sigue siendo marcada. Tres países superan el 15 % del PIB y siete países no alcanzan el 10 %, varios de ellos en Centroamérica.

Dentro del bloque de Centroamérica, México y República Dominicana, el gasto social promedio fue de 9.2 % del PIB en 2024.

En este grupo, los mayores aumentos fueron para El Salvador que aumentó 0.6 puntos porcentuales, hasta llegar a 9 % y México con un incremento del 10.8 %

Entorno económico adverso 

El documento regional analiza el desempeño económico de los países e indica que la región enfrenta un contexto complicado con la desaceleración del consumo privado, la pérdida del poder adquisitivo y la baja creación de empleo.

Además, los países latinoamericanos enfrentan incertidumbre geopolítica, volatilidad financiera, escalada arancelaria y tasas de interés elevadas aplicadas para contener la inflación. 

A esto se suman fluctuaciones en precios de materias primas que han limitado la recaudación fiscal de los países.

Además, la presión sobre los servicios de la deuda pública reducen el margen para la aplicación de políticas sociales expansivas.

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Ante este escenario, el organismo indica que la desaceleración generalizada del crecimiento económico, los limites en  el espacio fiscal de los Gobiernos y en consecuencia, la poca inversión pública local y extranjera reducen la posibilidad de ampliar el gasto social.

El documento destaca que, pese al fortalecimiento de la institucionalidad social —que pasó de 10 países con ministerios especializados en 1995 a 23 en 2025—, y el reconocimiento de más grupos vulnerables para proteger sus derechos, como los indígenas, las mujeres y otros, los avances en materia social siguen siendo insuficientes.

 «Es necesario robustecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las instituciones sociales, así como asegurar mayor financiamiento para estas política», concluye el informe de la CEPAL.