José Arnulfo Fernández Flores, de 59 años, y Óscar Armando López Sánchez, de 54 años, fueron las últimas víctimas del régimen de excepción. Los dos estaban recluidos en el penal de Izalco, en Sonsonate, y fallecieron en un lapso menor a las 24 horas, luego de ser ingresados al hospital nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, en el mismo departamento.

Fernández Flores, quien padecía diabetes, ingresó por primera vez al hospital Mazzini en septiembre de 2025 debido a una llaga que se le hizo en el pie. Luego de unas semanas le dieron el alta y regresó al penal de Izalco. Sin embargo, su salud empeoró nuevamente y fue trasladado el pasado 15 de noviembre al centro médico, donde falleció la madrugada del martes 18 de noviembre.

La esquela de Medicina Legal, según relató su hermana, determinó que la causa preliminar de la muerte fue un edema pulmonar, un dictamen recurrente en los casos de reos fallecidos, pero la familia cuestionó este resultado y pidió pruebas más contundentes. 

«A él le hicieron la autopsia pero para conocer a fondo el motivo de su muerte, pero el resultado lo darán hasta enero», comentó Gladis Fernández, la hermana de José.

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Según narró la familia, Fernández Flores fue capturado la noche del miércoles 9 de octubre de 2024, mientras se encontraba en su vivienda en el cantón Veracruz, de Ciudad Arce, y fue acusado de agrupaciones ilícitas. «Solamente un año y unos días duró en el penal. A ese lugar siempre los llevan a morirse», dijo resignada su hermana. 

Con su caso y el de Óscar López, subió a 456 la cantidad de reos que fallecieron estando bajo custodia del Estado, en el marco del régimen de excepción, según los datos que registra la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Del total de reos fallecidos, 183 estaban en el penal de Izalco, que es el centro penitenciario que más muertes ha reportado hasta la fecha.

La segunda cárcel donde ocurrieron más fallecimientos es el Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona». Los reportes de SJH informan que en esta prisión murieron 87 privados de libertad durante esta medida de seguridad. Le sigue en tercer lugar, el Centro Penal de Apanteos, que es la prisión para mujeres, con 48 decesos. 

Hasta el 31 de octubre de 2025, la organización determinó que 148 reclusos fallecieron a causa de muerte violenta y 140 habrían muerto por negligencia médica. 

El régimen de excepción inició en marzo de 2022 para contener una ola de violencia que causó 87 homicidios. Desde entonces, los homicidios han ido a la baja, pero también han aumentado las denuncias de torturas y abusos en las cárceles, algo sobre lo que nunca se ha pronunciado la Dirección de Centros Penales (DGCP).

El Diario de Hoy consultó al equipo de prensa de esta institución sobre las últimas muertes, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. 

Los casos de noviembre

Durante noviembre de 2025, Socorro Jurídico lleva el registro de seis privados de libertad fallecidos. Cinco de estos estaban recluidos en Izalco y solamente uno se encontraba detenido en el Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.

Además, tres de los reos fallecieron un mismo día. Según lo reportado por la organización, el 3 de noviembre tres privados de libertad murieron y estaban recluidos en Izalco. 

Manuel de Jesús Hernández Aguilar, de 46 años; Jorge Alberto Alvarado Martínez, de 35; y Emerson Aníbal Hernández Molina, de 21, fallecieron este día. Las primeras dos ocurrieron en el hospital Mazzini y el tercero en el Saldaña, en San Salvador. 

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Desde Socorro Jurídico han reiterado que los muertos han sido «salvadoreños que no tuvieron derecho al debido proceso, a un juicio justo, a ser oídos y vencidos en juicio ni a la presunción de inocencia. La muerte les llegó antes que la segunda audiencia», cuestionan. 

Ingrid Escobar, directora de SJH, dijo que es «lamentable que siga muriendo gente sin derecho a segunda audiencia, no es normal como dicen los irresponsables funcionarios. Antes de un juicio justo o los mataron o los dejaron morir por negación de tratamiento médico, la gente entra sana y sale muerta», señaló. 

Las estadísticas de esta organización detallan que un 94% de los fallecidos durante el régimen de excepción no tenían ningún vínculo con pandillas, «es decir nunca formaron parte de pandillas, pero el gobierno les atribuyó función de colaboradores», mencionan. 

Otro de los datos presentados por SJH es que 278, es decir un 62% de los privados de libertad, fallecieron en hospitales, entre los que destacan el Jorge Mazzini, de Sonsonate; el San Juan de Dios, de Santa Ana y el hospital Zacamil, en San Salvador. 

Los registros de la organización también dan cuenta que un total de 142 reos habrían fallecido al interior de los penales. 

Un sacerdote avisó la muerte de José

Sentada en una silla plástica, con su celular en la mano, se encuentra Gladys Fernández. Al fondo está el ataúd donde reposa el cuerpo de su hermano, José Fernández, quien falleció la madrugada del 18 de noviembre. La familia se enteró de su muerte aproximadamente a las 9:00 de la mañana de ese día. 

«Si no hubiera sido porque un sacerdote de Lourdes le avisó al sacerdote de Zapotitán, no nos hubiéramos dado cuenta de la muerte de mi hermano», relató Gladys ayer, durante la vela de su hermano. 

Ella vive en el cantón Veracruz, del distrito de Ciudad Arce. A escasos metros se encuentra la casa en la que por años vivió José Arnulfo. 

Gladys describió que una mujer pobladora de la colonia López, ubicada cerca del cantón Veracruz, fue quien les alertó sobre la muerte de su hermano. 

«La señora me dijo que un sacerdote de Lourdes le informó al de Zapotitán, entonces como la iglesia católica de Veracruz se agrega a las reuniones de Zapotitán, ahí fue donde habló el sacerdote que mi hermano había fallecido. El sacerdote le dijo a la señora que viniera a buscarnos a nosotros, de que él había muerto, y así me di cuenta», contó.

Desde los 18 años, José Arnulfo decidió trabajar en la capital salvadoreña. Iba a su vivienda casi siempre los fines de semana y le llevaba dinero y comida a su compañera de vida. 

«Él trabajó por muchos años siendo bultero en el mercado La Tiendona», contó Gladys. Agregó que en los últimos años se había dedicado a vender papel higiénico de forma ambulante, siempre en San Salvador. 

Gladys fue autocrítica y lamentó que mientras su hermano estuvo preso, nunca se acercaron para preguntar sobre su situación. Además, mencionó que la situación económica no les permitió llevarle un paquete al penal de Izalco. 

José vivía solo. Su compañera de vida tampoco pudo llevarle nada a la cárcel mientras estuvo detenido. «Sinceramente nunca nos acercamos a él, más que todo por la situación económica, eso nos fregó a nosotros no acercarnos por su situación de salud», comentó su hermana.