La Fiscalía General de la República (FGR) junto al gabinete de Seguridad y la Dirección de Migración presentaron este lunes a 37 acusados de integrar una estructura dedicada al robo de teléfonos celulares en unidades del transporte colectivo. Las autoridades señalaron que cinco están prófugos de la justicia.

El pasado 31 de octubre, las autoridades informaron sobre la captura de 28 personas que presuntamente forman parte de este grupo delictivo. Este lunes señalaron que las investigación que llevaron a su captura iniciaron en enero de 2024.

La banda está integrada por nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Los extranjeros ingresaron a territorio nacional a través de puntos ciegos y algunos pasos fronterizos habilitados en El Poy, El Amatillo y San Cristóbal, sostuvo la Fiscalía en una conferencia de prensa.

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Las investigaciones han determinado que la banda estaba liderada por los nicaragüenses: Joel Isaías Guerrero Siu y  Rodrigo José Guerrero Siu.

Sobre el modus operandi, las autoridades señalaron que los sujetos abordaban las unidades en grupos de dos a cinco personas y se subían como pasajeros, portaban mochilas grandes y pagaban su pasaje. Dentro de la unidad se encargaban de distraer a la víctima mientras le extraían el celular sin que esta se percatara. Otro se encargaba de hurgar entre carteras y bolsones y sacar objetos de valor, uno más se encargaba de recibirlo y guardarlo y, al bajar de las unidades, otro más se encargaba de recibir lo hurtado, Luego los teléfonos eran entregados a quienes se encargaban de bloquearlos para luego venderlos. En tanto, un vehículo particular daba seguimiento a la unidad lo que facilitaba su huida.

«Los imputados generalmente operaban en buses y microbuses de las rutas 29, 29F, 29E, 29C1 y C2, ruta 3, la 38C y E, la 101B, la 42, 33B, 41A, 41F, ruta 11B, 11C, la 21, la 22, la 26 la ruta 6, 6A, la 45AB, la ruta 4 y otras que circulan sobre la Alameda Juan Pablo II, Alameda Enrique Araujo hasta zonas de centros comerciales, así como en rutas de San Juan Opico y Quezaltepeque», informó la Fiscalía. Los objetos hurtados posteriormente eran comercializados en el centro de San Salvador.

“Los miembros de la estructura remesaban entre $80 y $120 dólares diarios hacia otros países, producto de la venta ilícita de los objetos que hurtaban», dijo el fiscal general Rodolfo Delgado.

El director de Migración, Ricardo Cucalón, señaló por su parte que los extranjeros se encontraban en situación migratoria irregular y se escondían en hospedajes para evadir los controles de seguridad. 

Las diligencias realizadas para el desarrollo de las investigaciones incluyeron entrevistas a víctimas, análisis de registros y trabajo operativo realizado en conjunto entre la FGR y la policía nacional civil, sostuvo el Ministerio Público.

«Cada una de estas detenciones se sustentan en pruebas y diligencias que serán presentadas ante el juzgado competente para que se dé inicio al proceso penal correspondiente», sostuvo Delgado. «Nuestras acciones buscan la sanción penal y a la vez interrumpir las cadenas de comercialización ilegal de objetos que han sido sustraídos del dominio de los salvadoreños», agregó.

Las autoridades invitaron a las víctimas a presentar sus denuncias formales en las unidades correspondientes, asimismo se reiteró que las investigaciones van a continuar «con todas las medidas necesarias para garantizar un proceso técnico, imparcial y conforme a derecho».