Con reportes de Agencia EFE

La Relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, publicó este martes 28 de octubre en su cuenta en la red social X  que estará pendiente de la audiencia especial que enfrentarán mañana el abogado Alejandro Henríquez y el pastor de la cooperativa El Bosque, Ángel Pérez.

Lawlor reiteró el llamado a las autoridades judiciales para que tanto Alejandro Henríquez como Ángel Pérez sean puestos en libertad. “Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Angel Pérez en El Salvador mañana. Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra”, expuso. 

Ambos son acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Fueron detenidos luego de la concentración realizada el 12 de mayo por habitantes de la cooperativa El Bosque, en las cercanías de las residencia del presidente Nayib Bukele, para pedirle que frenara una orden de desalojo que enfrentaban.

Además, la organización Amnistía Internacional (AI) también exigió este martes a las autoridades «garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad» de los dos líderes. 

«José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad. Su detención es arbitraria y profundamente injusta», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado en la página web de la organización.

Piquer apuntó que «el 29 de octubre representa una oportunidad para que las autoridades rectifiquen esta injusticia, garanticen el respeto pleno al debido proceso, y aseguren su libertad inmediata e incondicional».

La organización, indica la nota, «ha manifestado su profunda preocupación por las violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de detención a las que han sido sometidos».

«Los procesos penales en su contra han estado marcados por acusaciones infundadas de ‘resistencia’ y ‘desórdenes públicos’, sin pruebas que justifiquen la privación de su libertad. Estas irregularidades han vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo», manifestó.

AI aseguró que, desde su arresto, «ambos defensores han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Además, apuntó, «han sido expuestos a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo. Este tipo de detenciones arbitrarias se inscriben en un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia».

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«La criminalización de defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, sino que pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. Esto debe terminar ya», añadió Piquer.

Uno de los abogados defensores del caso manifestó que la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto la demanda de hábeas corpus que fue presentada el 25 de junio pasado. 

Este es un recurso que permite a los abogados apelar cuando existe una detención ilegal. La defensa de Henríquez y Pérez señaló ante la Sala que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, que ordenó la detención, excedió márgenes establecidos en la Constitución para la detención provisional.