La organización indicó que APES documentó «53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses».

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió este jueves al Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador que ponga fin a las «persecuciones judiciales» en contra de periodistas del país centroamericano y que derogue «normativas represivas», en momentos en que el número de comunicadores en el exilio se habría elevado a 53, indicó en un comunicado.
«RSF exige al gobierno de Nayib Bukele que ponga fin de inmediato a las persecuciones judiciales contra los periodistas, derogue la Ley de Agentes Extranjeros y otras normativas represivas, y garantice la seguridad de la prensa», señaló, según la misiva, Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Romeu «también hace un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la urgencia de esta crisis y aumente la presión sobre El Salvador para que respete la libertad de prensa».
El director de RSF expuso que «El Salvador está a punto de silenciar definitivamente a toda su prensa independiente» y que «esta escalada represiva marca una nueva etapa en la deriva autoritaria del país, estrechando el cerco sobre el periodismo y alimentando una nueva ola de exilio de medios y periodistas en toda América Central».
De acuerdo con RSF, en El Salvador se ha dado una «aceleración de las amenazas, las persecuciones judiciales y las medidas de asfixia financiera contra la prensa bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele».
Citando al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Araúz, la organización internacional indicó que APES, que ha cerrado sus oficinas en el país centroamericano, ha documentado «53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses».
“Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, dijo recientemente Aráuz, quien también ha tenido que salir de El Salvador.
RSE precisó que «persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso conforman un patrón represivo que se ha intensificado desde mayo de 2025».
Alertó que «las radios comunitarias han sido particularmente blanco de frecuentes allanamientos, confiscación de equipos y acoso policial, además de enfrentar grandes dificultades para trabajar desde el exilio», además, tienen «recursos muy limitados» por lo que «son especialmente vulnerables frente a la Ley de Agentes Extranjeros».
La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (LAEX), impulsada por el presidente Bukele, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.
APES y otras organizaciones de sociedad civil suspendieron actividades, decidieron cerrar o abandonar El Salvador ante la entrada en vigencia de la LAEX y ante la situación de «persecución» y «criminalización» del país.
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