Ocho de cada diez micro y pequeños empresarios (Mype) recurren a prestamistas para financiar sus negocios, atraídos por la rapidez de los desembolsos y la ausencia de requisitos burocráticos , pero muchas veces a consta de hipotecar su futuro, así lo reveló el estudio «El Estado de la Mype 2025», presentado el viernes por la Fundación de Desarrollo Integral, Fusai.

El documento, que diagnóstica los principales desafíos que enfrenta este sector económico del país, destaca por primera vez las millonarias tasas a las que se enfrentan los micro y pequeños empresarios al optar por usureros para sostener sus empresas.

Los micro y pequeños empresarios han declarado, según los datos que arroja el documento, que recurren a los prestamistas, por la facilidad de los requisitos y por el hecho de que pueden prestar montos mínimos y a plazos cortos.

A esto se suma un historial crediticio deteriorado, rapidez en el desembolso y mayor flexibilidad en las garantías para los pagos.

«El crédito informal a las Mypes salvadoreñas ha alcanzado proporciones macroeconómicas que no pueden seguir siendo ignoradas», advierte el documento.

La cifra corresponde únicamente al financiamiento dirigido a las Mypes y no al conjunto de la economía, lo que refuerza la magnitud del problema, agrega la información.

El documento ofrece todo un capítulo sobre las condiciones bajo las que opera este financiamiento la que califica como «abiertamente abusivas». 

El informe realizó encuestas a más de 1,000 empresarios y para este 2024 señala que las tasas de interés para los préstamos efectuados ese año por empresarios Mype alcanzaron hasta un 1,869% por año.

Además, el documento indica que las tasas promedio anual cobradas por los prestamistas informales alcanzaron 2,628% en 2019 y 1,869% en 2022, con casos extremos que superaron el 13,500%, niveles que multiplican más de veinte veces las tasas promedio del crédito formal. 

Estos préstamos se caracterizan además por montos bajos —en su mayoría de menos de $500—, plazos menores a 30 días, pagos diarios y la exigencia de garantías que van desde pagarés y letras de cambio hasta firmas solidarias o hipotecas, lo que deja a los empresarios Mype expuestos a la pérdida inmediata de sus activos ante cualquier incumplimiento.

Otro aspecto destacado es que dentro de todas las categorías de Mypes, las de subsistencia, es decir las que reciben menos ingresos y representan el 61% del total de Mypes del país,  son las más expuestas a este tipo de financiamiento y que el fenómeno de la usura en lugar de disminuir está creciendo.

«Hicimos una encuesta con muchos de los asesores de las instituciones de microfinanzas que atienden a este sector de microempresarios, y nos decían que donde ellos operaban, en el 68% de los casos, sus clientes tenían créditos de usura. Entonces estamos hablando de un fenómeno que se ha expandido», advirtió Luis Castillo, presidente de Fusai.

Las razones de optar por usureros

 Si bien la exclusión financiera a la que se enfrentan los pequeños empresarios es una de las razones por la que optan por un crédito informal, no es la única.

De hecho, el estudio de Fusai revela que más de la mitad del financiamiento a usureros corresponde a Mypes que se autoexcluyen del sistema financiero regulado, convencidas de que este resulta inaccesible para su realidad operativa.

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Otro grupo combina crédito formal e informal para completar capital de trabajo, lo que refleja la insuficiencia de la oferta regulada. Un tercer segmento llega a los prestamistas tras ser rechazado por instituciones formales debido a falta de garantías, historial crediticio o documentación.

En todos los casos, la usura se impone como la opción «rápida y segura», pero a costa de hipotecar el futuro de las empresas.

Este millonario financiamiento limita la productividad de las empresas, reduce las posibilidades de encadenamiento productivo y restringe la generación de empleos de calidad. 

«El freno asfixiante de la usura hace que ocho de cada diez empresas recurren a prestamistas usureros, lo que limita drásticamente su capacidad de inversión y crecimiento», confirmó, Ana María Herralde, presidenta de la escuela de Empresarios Líderes Mype de Fusai.

La reforma a la ley como alternativa

El documento de Fusai también revela que la Ley contra la Usura, aprobada en 2013, tiene varios vacíos que deben revisarse. 

«La Ley Contra la Usura vigente fracasó y lo que piden los empresarios no es más deuda: es poder pagar la que tienen. El 72.4% solicita reducción de tasas y el 41% flexibilización de requisitos para reincorporarse al sistema formal», explicó William Pleités investigador de Fusai por parte de la Facultad Latinomericana de Ciencias Sociales, Flacso.

«La usura no solo se concentra en las Mypes, invade todos los sectores del país, los usureros operan con clientes del sistema formal e informal y la conclusión más importante es que se requiere una reforma de la ley de la usura, ya que esta no ha conseguido los objetivos que tenía» , añadió el investigador.

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El doctor Pleités explicó que las debilidades de la ley tienen que ver con que en su diseño legal excluye del cálculo de topes al mercado informal, dejando fuera precisamente al segmento donde opera la usura más extrema. 

En segundo lugar, la supervisión es prácticamente inexistente en territorios y circuitos financieros donde los prestamistas usureros operan con total impunidad.

Y tercero, la normativa no establece incentivos para que el sistema financiero formal amplíe su cobertura hacia segmentos de mayor riesgo, lo que termina reforzando el círculo de exclusión

 «La situación se agrava porque las denuncias de las prácticas abusivas de la usura apenas son utilizadas», añadió el doctor Pleités.

De acuerdo al documento la mayoría de microempresarios evita denunciar por temor a perder acceso a financiamiento (48.1 %), por desconocimiento del procedimiento (35.4 %) o por miedo a represalias (13.7 %). En este vacío de protección, los prestamistas informales operan con total impunidad.

El informe de Fusai, el tercero que se publica de manera consecutiva, fue elaborado en conjunto con Flacso, y el apoyo de la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el gobierno de Alemania y destaca el problema de los préstamos informales como uno de los más graves de este sector económico.

Dentro del documento se plantea la creación de instrumentos financieros formales adaptados a ingresos irregulares y baja documentación, el fortalecimiento de la supervisión en territorios críticos y la expansión de programas de educación financiera que empoderen a los empresarios en la toma de decisiones.