Al menos 60 mil niñas y niños han quedado desprotegidos por la captura de sus padres desde que inició el régimen de excepción, según un cálculo de Cristosal.
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«Papi, espero jugar de nuevo con usted»: las cartas de los niños a sus padres detenidos
«Hola papi, espero que esté bien, lo quiero mucho, me hace mucha falta y todos los días pienso en ti, extraño sus abrazos, lo quiero mucho y espero que estemos juntos de nuevo y ser felices, jugar de nuevo como lo hacíamos… Te amo mucho, papá, cuídese», escribió un niño de diez años que vive en el Bajo Lempa, en Usulután, a su padre detenido durante el régimen de excepción.
Él es uno de los 60 mil menores de edad que enfrentan condiciones de abandono por la captura de sus padres, desde que inició el régimen, hace tres años, como una medida para acabar con la violencia de las pandillas. El dato surge de una proyección que hizo la organización de derechos humanos Cristosal, con base a la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2022.
El régimen ha dejado una disminución inédita de homicidios, pero también decenas de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos. Entre las niñas y niños afectados también están 176 que quedaron huérfanos porque sus padres murieron en las cárceles estando bajo custodia del Estado, según la investigación de Cristosal denominada «El silencio no es opción», publicada en 2024.
La medida no solo ha dejado en orfandad a muchas niñas y niños. La organización también registra cuatro bebés fallecidos a causa de la política represiva de seguridad: dos permanecieron y se enfermaron en las cárceles, entre ellas la bebé Génesis, quien murió de neumonía tras estar ocho meses en prisión con su madre.
«Los niños y las niñas han sufrido los principales impactos en el ámbito psicosocial, particularmente porque han sido separados de sus familias. Recordemos que van más de 87 mil personas detenidas, ninguna ha sido condenada. Esto implica una ruptura en los vínculos socio afectivos y la vulneración al derecho a convivir con su padre o su madre», señaló el equipo legal de Cristosal.
«Ya voy a tercer grado, abuelo, lo extrañamos, espero que esté en casa pronto», escribió un niño de cinco años, junto al dibujo de dos corazones y un arcoíris. El mensaje nunca llegará a su remitente, porque todas las personas privadas de libertad están incomunicadas. En marzo pasado, varias organizaciones intentaron que la Procuraduría de Derechos Humanos entregara 500 cartas escritas por los familiares de detenidos, pero el esfuerzo fue en vano.
