El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia efectuó una modificación administrativa en su normativa para permitir que la Policía Nacional Civil (PNC) reciba ingresos por la prestación de servicios especializados a otras dependencias del Estado. El cobro a la Agencia de Ciberseguridad del Estado será por $46,982.13 anuales, según una publicación en el Diario Oficial.
La medida, oficializada tras la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, busca formalizar la capacidad de la PNC “para gestionar y representar administrativamente sus propios intereses financieros”.
Dicha disposición aparece publicada en la edición del diario oficial del 12 de septiembre (última edición disponible).
Específicamente, la medida apunta a modificar el «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios de la Policía Nacional Civil».
Al incluir este servicio dentro de la actividad especial denominada «Servicios de Seguridad Especializada a Instituciones Públicas», la PNC queda formalmente habilitada para recibir los pagos generados por esta vigilancia en la Agencia.
Los ingresos, según el Diario Oficial, se depositarán directamente en la subcuenta: «Venta de Productos y Prestación de Servicios de la Policía Nacional Civil», bajo la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
La PNC ya ofrece el servicio en otras instituciones gubernamentales, recientemente comenzó a hacerlo en las sedes médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La ACE fue creada en noviembre de 2024, con el propósito de proteger la información que circula en las tecnologías y el ciberespacio, así como los datos personales que brindan los ciudadanos en establecimientos públicos, privados e instituciones del Estado, a través de la Política de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Nación.
La institución debe crear e implementar los programas de acción necesarios para responder ante las amenazas o incidentes de ciberseguridad y seguridad de la información de la población.
De la misma manera, la entidad debe administrar un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
