El informe «Desigualdades Económicas existentes en la Focalización de los Subsidios» de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen)y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), publicado a inicios de septiembre, señala que la inversión estatal en el subsidio del gas propano creció un promedio de $30 millones en un periodo de seis años.

Sin embargo, el total de personas receptoras del beneficio en el mismo periodo aumentó apenas un 0.67%, pasando de los 3,755,491 salvadoreños beneficiados en 2018 a 3,780,714 en 2023.

El documento además revela que existen marcadas diferencias en la forma cómo se distribuyen los subsidios de gas licuado y de electricidad en El Salvador.  

De acuerdo al informe, casi la mitad de la subvención al gas propano se concentran en los sectores con mayor capacidad económica, mientras que los más pobres reciben menos de la tercera parte.

La cobertura, es decir la cantidad de gente que lo recibió entre 2018 a 2023 fue menor entre las personas de bajos ingresos, un promedio de 8.4% del total.

El documento señala que, de la cifra completa de beneficiarios con el subsidio al gas licuado (3,780,714 personas) solo unas 673,425 están entre los deciles 1 y 2, es decir los más pobres; en cambio, 770,486 están entre los deciles 9 y 10, que son personas con más ingresos.

La mayor cantidad de población favorecida con la subvención se sitúa entre los deciles 7 y 8, unas 850,847 personas.  

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«Los subsidios analizados muestran desigualdad en la focalización: una fracción importante de beneficiarios son deciles medios-altos, lo que sugiere problemas de focalización / fugas hacia hogares de mayores ingresos», apunta el informe. 

Respecto a la energía eléctrica, el monto que el Estado invierte en este subsidio experimentó una baja de poco más de $12 millones entre 2019 y 2023.

Sin embargo, la cantidad de beneficiados aumentó. En 2018 había 2,116,923 que recibían la subvención y pasó a  2,821,211 usuarios beneficiados en 2023, es decir unas 704,288 personas más, lo que representa un crecimiento del 33.3%. 

En el caso del subsidio a la energía eléctrica se muestra una situación muy similar al caso del gas. De 2,821,211 personas en 2023, unas 626,251 de los deciles 7 y 8 reciben la mayor cobertura, mientras unas 540,216 del decil 1 reciben también la subvención.

Hogares de más ingresos captan más apoyo estatal  

La conclusión de las entidades es que los hogares de mayores ingresos concentran más del 40% de beneficio total en ambos subsidios. En contraste, las familias más pobres reciben menos del 20% de las subvenciones.

El documento también explica que, de acuerdo a la legislación vigente, el subsidio del gas permite una reducción en el precio del cilindro que varía cada mes y depende del tamaño del cilindro, pero que ronda los $7 y está diseñado para hogares de limitada capacidad adquisitiva y negocios con ciertas características.

Sin embargo, al revisar los datos este beneficio no es del todo equitativo. Lo mismo ocurre con el subsidio a la energía, que es un descuento en la factura para hogares de bajos ingresos, cuyo monto se otorga según el consumo promedio de entre 1 y 105 kWh, pero este tampoco se aplica de manera equitativa.

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El estudio destaca que el actual esquema no solo es poco eficiente, sino también regresivo, es decir aumenta la crisis económica de la gente.

 «Los subsidios en El Salvador tienen un carácter regresivo, pues en lugar de reducir las desigualdades, refuerzan la brecha, quienes más recursos poseen son los que más se benefician del gasto estatal», señalan las entidades. 

El estudio de Fudecen y el CDC subraya que «lejos de cerrar brechas sociales, los subsidios profundizan las desigualdades, pues los sectores con mayor capacidad de consumo son quienes más aprovechan el gasto estatal». 

Además, alerta sobre el alto costo fiscal que representa sostener este modelo sin una política clara de focalización.

«Los subsidios, en su forma actual, están subsidiando el consumo excesivo y no la necesidad», advierte el documento, al tiempo que propone una reforma que garantice que los apoyos lleguen de manera efectiva a los más vulnerables y no se diluyan en beneficio de quienes no los requieren.

Por ello, el documento sugiere «priorizar la revisión de la focalización del subsidio al gas y electricidad y ajustar criterios y controles para reducir la transferencia a deciles altos». 

Además, propone al Estado realizar una auditoría de inclusión y exclusión para investigar la elegibilidad de quienes gozan o no, del beneficio y aumentar la cobertura entre los salvadoreños más pobres.

Otra de las propuestas es la creación de un proyecto de subsidio a la energía fotovoltaica domiciliar, que incluya zonas rurales y urbanas y se extienda sobre todo a aquellos hogares con más carencias o condiciones de vulnerabilidad.