En la dirección correcta sobre Centroamérica, la Administración Trump emite una directiva, un nuevo instrumento sancionatorio, para designar a colaboradores del Partido Comunista de China (PCCh).

Curiosamente, el primer sancionado en abril fue el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, Premio Nóbel de la Paz, quien hace casi 2 décadas rompió nexos con Taiwán para establecerlos con China Popular. Era un momento en el que aún creíamos que el liderazgo del PCCh estaba comprometido con el principio “Una sóla China, dos sistemas” para respetar el proceso democrático en Hong Kong que, en 1997, fue devuelto por los británicos a Pekín. Hoy, Hong Kong es un sistema democrático demolido por el PCCh. Después de Arias, más políticos y empresarios ticos, socios de negocios chinos, han sido sancionados por EE. UU.

La Administración Biden fue dócil. No respondió el 2023 con firmeza cuando el PARLACEN expulsó a Taiwán para admitir como socio extrarregional a la asamblea nacional controlada por el PCCh y el “Ejército Popular de Liberación”, los auténticos mandamases. Un acto contradictorio pues Guatemala, sede del PARLACEN, mantiene nexos diplomáticos con Taiwán; Belice mantiene también nexos con Taiwán en el marco del SICA; y Taiwán, confiando en Centroamérica, se había convertido en el principal accionista del BCIE. Pero como sabemos, los diputados del PARLACEN -en especial los de Nuevas Ideas de El Salvador y del FSLN de Nicaragua- sirven a sus respectivos regímenes de facto. 

El año pasado, en el curso del proceso electoral, fui invitado a debates entre “tanques de pensamiento”, próximos al Partido Republicano, sobre política exterior y los rivales de EE. UU. La coincidencia mayoritaria identificó al PCCh como el enemigo No. 1, y no tiranos como Putin, el norcoreano Kim, Nicolás Maduro, ni otros prospectos latinoamericanos, porque por definición son reemplazables, susceptibles a ser depuestos temprano o tarde con o sin la venia de EE. UU.

En febrero, al término de la visita a Bukele del Secretario de Estado -cuando surgió el negocio del CECOT- la vocera Tammy Bruce, quien ha sido nominada por el presidente Trump como embajadora en la ONU, dijo: “El Secretario Rubio planteó estrategias para contrarrestar la influencia del PCCh en el hemisferio para salvaguardar la soberanía, y los intereses de ambos países y la región”. Para El Salvador, la nociva influencia china es su complicidad con el régimen violador de los derechos humanos y de la Constitución de la República.

A pesar de lo asentado por la portavoz Bruce, Bukele no ha frenado su alianza con el PCCh. Al contrario, Bukele forzó ilegalmente, en julio pasado, la transferencia a China de casi 56 mil metros cuadrados de la finca “El Espino” para un recinto ferial a pesar de que la zona es neurálgica para la regulación climática y la recarga hídrica en el Área Metropolitana de San Salvador, ya en acelerada degradación por la construcción -también por los chinos- de una instalación deportiva.

Si alguien, en El Salvador, amerita ser el designado No. 1 bajo la nueva “Lista China” de EE. UU. es Bukele, y a renglón seguido los diputados nacionales que le entregan a China obras de cemento ajenos al desarrollo nacional y destructores de nuestra escasa naturaleza protegida, así como sus 14 diputados en el PARLACEN quienes además conspiraron hace un año para el ingreso de legisladores rusos -entre ellos Viktor Bout, traficante de armas, conocido internacionalmente como “el mercader de la muerte”, miembro del Partido Liberal Democrático- aliados de la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania. Ahora, maniobran para que Argelia sea admitida al PARLACEN. 

Argelia, independendizada de Francia en 1962, no se encaminó hacia la democracia sino a guerras civiles que derivaron en una dictadura militar -sentada sobre vastos yacimientos de petróleo y gas- la cual se erigió como desestabilizadora en el Mediterráneo y África. El 2025, la Unión Europea actualizó el estatus de alto riesgo para Argelia en su lista de países que lavan dinero y financian el terrorismo. Igualmente, es señalada por recibir drones militares de Irán, comprar armamento ruso por un valor anual de US$ 10 mil millones, y brindar recursos a grupos yihadistas en El Sahel subsahariano.

Pensar que no hubo coimas para estos giros políticos regionales es una ingenuidad, pues son deliberadamente generados en un proceso de tensión que el planeta no experimentaba desde la Guerra Fría. Confío que el Departamento de Estado publique los señalamientos para cada designado por colaborar con los comunistas chinos, y que del retiro de visas transite la Administración Trump a aplicar la Ley Global Magnitsky a quienes están recibiendo sobornos y otros ilícitos, del origen que sean. Finalmente, el deseable próximo instrumento estadounidense es la “Lista Rusia” contra los colaboradores centroamericanos de Putin quienes parecen ser los mismos individuos antidemocráticos y corruptos designados bajo la “Lista Engel” promulgada por el Congreso en diciembre del 2020.

Napoleón Campos   

Analista político y experto en relaciones internacionales