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Marcha ciudadana denuncia retrocesos democráticos y abusos del régimen

Salvadoreños se manifestaron este 15 de septiembre, unidos para denunciar la falta de garantías cívicas, la persecución política y el deterioro de los derechos constitucionales en el país.

Marcha del 15 de septiembre | EDH/ Francisco Rubio.

Ciudadanos organizados marcharon este lunes 15 de septiembre para denunciar retrocesos democráticos, falta de independencia del sistema judicial y diversas faltas de garantías cívicas.

La marcha ciudadana inició desde la 25 avenida norte, frente al Hospital Rosales y el monumento a los estudiantes masacrados en 1975 y -a paso ligero por la lluvia- llegó hasta la plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador.

“Estamos denunciando esto y estamos diciendo que este 15 de septiembre le decimos ‘no’ a la reelección indefinida, no queremos que este personaje siga administrando el Estado para enriquecer a un grupo empresarial que le conviene a él”, manifestó al inicio de la marcha Marisela Ramírez, integrante del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP).

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Sonia Urrutia, vocera del BRP, señaló que es incongruente celebrar 204 años de independencia de El Salvador si la ciudadanía no goza de sus libertades y garantías constitucionales debido al régimen de excepción, que lleva ya tres años.

Entre los asistentes estuvieron presentes los integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), quienes a través de un micrófono y equipo de sonido caminaron mientras narraban los casos de las detenciones de sus familiares.

MOVIR denunció que recientemente se modificó la Ley Contra el Crimen Organizado y se aumentó a dos y hasta a tres años, si así pide la Fiscalía, la detención provisional de las personas detenidas para que se presente una acusación judicial grupal.

«No celebramos nada, estamos presentes como familiares de detenidos, más de tres años en que no sabemos de nuestros familiares, si están vivos, no nos ha quedado más que la calle para hacernos presentes como MOVIR, porque MOVIR defiende inocentes, no delincuentes», proclamó en Josefina Elías.

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador marchó para denunciar fallas en el sistema penal del país.

“Hay víctimas de un régimen que utiliza la judicialización de la política, que utiliza las instituciones para fabricar pruebas y de esta manera no existe libertad, no existe democracia, tampoco la presunción de inocencia y sin llevarlos a audiencia preliminar”, denunció la integrante Lourdes Palacios.

El equipo defensor del abogado constitucionalista marchó en solidaridad por el profesional del derecho, a quien también le habrían aplicado los plazos de régimen de excepción, que supuestamente solo es para las pandillas según el discurso oficialista.

Jaime Quintanilla, uno de sus abogados, expuso que la Fiscalía puede pedir una medida sustitutiva para él, debido a que Anaya tiene un estado delicado de salud.

“Enrique tiene un estado de salud delicado, con un sistema inmunológico débil y no es una persona con calidad para estar detenido, eso es lo que exigimos”, expuso.

Andrea Hernández, de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, dijo que marcharon para exigir un presupuesto justo para la educación superior y que acaben las capturas arbitrarias contra estudiantes.

“Nos parece pertinente exigir la liberación de los compañeros y compañeras que han sido detenidos por el régimen de excepción, también los compañeros que han sido arrestados de la educación media y secundaria. Es lamentable que la juventud siga siendo perseguida y criminalizada por el lugar en el que residen”, denunció.

Reforma tributaria

El economista César Villalona también se mostró en contra de la persecución política en el país y señala la necesidad de una reforma tributaria para invertir más en salud.

“Marcho porque no hay medidas para reducir la pobreza, para generar empleo, se siguen perdiendo fuentes de trabajo y también por el deterioro de los servicios sociales”, indicó el experto.

Villalona añadió la necesidad de no seguir endeudando al país: “Pediría que el gobierno haga una reforma tributaria progresiva, que obtenga recursos de los sectores adinerados del país y con eso invierta más en salud, educación, en la agricultura; que haga una redistribución del ingreso”.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral acompañó  la marcha para demandar un alto a las  políticas que traen despidos de trabajadores del sector público y municipal, como «supresiones de plaza», así como a la coacción o intimidación policial. 

Demandan también un alto a la aprobación de leyes privatizadoras que permiten los asocios público-privados, así como la ley ANDRES y la de Dirección de Mercados.

“Que el gobierno no utilice los fondos de préstamos internacionales para favorecer solo a corporaciones empresariales y financieras, sino que invierta en las verdaderas y reales necesidades de la población como el fortalecimiento de los sectores municipal, educativo y de salud”, demanda un comunicado difundido a lo largo del recorrido.

El Movimiento por la defensa de la tierra de Tecoluca marchó para denunciar retrocesos democráticos y la falta de apoyo gubernamental a los sectores más necesitados.

César Cañas, integrante del movimiento, denunció que las tarjetas que da el gobierno a los productores agrícolas no solventa las necesidades del sector.

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