Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360

La condena del Tribunal Supremo de Brasil contra el ex presidente Jair Messias Bolsonaro marca un antes y un después en la historia política y jurídica del país.

Por primera vez, un expresidente y varios altos mandos militares han sido declarados culpables de intentar un golpe de Estado, en un fallo que reconoce la gravedad de la conspiración urdida para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva y socavar el Estado de derecho.

La sala primera del Supremo alcanzó la mayoría necesaria para condenarlo por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático y pertenencia a organización criminal. Junto a Bolsonaro, fueron sentenciados tres exgenerales, un almirante y un teniente coronel, lo que convierte este veredicto en un hecho sin precedentes en los 135 años de la República brasileña, precisamente en este 2025, cuando la Democracia brasileña celebra los 40 años de su retorno.

Las pruebas y testimonios revelaron la amplitud y gravedad del plan: desde la redacción de un borrador para anular los comicios hasta el reclutamiento de la cúpula militar, pasando por amenazas al poder judicial, la descalificación sistemática del sistema electoral y la planificación de atentados contra altas autoridades.

La jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha, cuyo voto de esta tarde resultó decisivo para la condena a Bolsonaro, subrayó que existió un “plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas” para impedir la alternancia pacífica del poder.

El fallo, más allá de la condena específica, rompe con una tradición de impunidad hacia militares y exmandatarios involucrados en complots golpistas, y constituye un mensaje potente en defensa de la democracia brasileña que también se extiende en la defensa de la democracia en nuestro hemisferio y a nivel global, en un momento de recesión democrática.

Sin embargo, este paso histórico no alcanza para cerrar la herida de la polarización. Las encuestas reflejan un país partido en dos: el 36% de los brasileños niega la responsabilidad de Bolsonaro en el intento de golpe, el 39% considera injusto su arresto domiciliario y un 42% lo ve como víctima de persecución política por parte de instituciones corruptas. Para una parte importante de la población, la condena no debilita la figura del exmandatario, sino que refuerza su papel de mártir frente a lo que perciben como una “dictadura judicial”.

Este clima de victimización mantiene viva la radicalización y plantea un reto enorme: la democracia brasileña, aunque hoy celebra un triunfo de la justicia, todavía enfrenta un largo y difícil camino para consolidarse, reconstruir consensos y garantizar que la rendición de cuentas no se traduzca en más división, sino en mayor confianza en las instituciones.

Con información de El País e Infobae