El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla amplió por tres meses más la detención provisional del joven abogado Alejandro Henríquez -también miembro del Foro del Agua- y del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, según denunciaron organizaciones no gubernamentales.
En concreto, el juzgado decidió ampliar la etapa de instrucción (investigación de la Fiscalía) del proceso contra Henríquez y Pérez, por lo que su detención provisional se prolongará hasta el próximo año, después de ser detenidos en mayo tras supuestamente participar en una protesta pacífica que pedía apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para frenar el desalojo de unos campesinos.
Henríquez y Pérez enfrentaron en mayo pasado la audiencia inicial del proceso en su contra en el que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, en las afueras de San Salvador, les decretó prisión provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción.
La organización ecologista Reverdes, de la que era parte el joven abogado, denunció en X que dicho juzgado «prorrogó por tres meses más la detención injusta de Alejandro y José Ángel», por lo que «su detención arbitraria e injusta desde mayo se alargara tres meses más», apuntó.
Reverdes añadió que «ambos defensores de derechos humanos permanecen encarcelados únicamente por defender la vida».
Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían a Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos. Así, la Fiscalía General les acusó de los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
Organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario, y han solicitado que se respete el debido proceso.
Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa residencia en la que habita Bukele para pedir ayuda, después de que un juzgado salvadoreño dejara sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.
Sin embargo, agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales, trascendió el pasado 16 de mayo.
En respuesta a la concentración, Bukele acusó a organizaciones de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución sino se cumple.
La ley fue aprobada recientemente por el Congreso.
