En El Salvador hay 1,151,259 salvadoreños que viven en pobreza, según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2023 (EHPM), del Banco Central de Reserva (BCR), esto es un 29.5% de la población.
En El Salvador hay 1,151,259 salvadoreños que viven en pobreza, según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2023 (EHPM), del Banco Central de Reserva (BCR), esto es un 29.5% de la población.
«Entre 2019 y 2023, los ingresos del 10 % más pobre de la población que vive en zonas urbanas, y del 20 % más pobre en zonas rurales, se han reducido. Para estos hogares más pobres, las fuentes de ingresos laborales han disminuido desde 2019 y aún no se han recuperado (…)», ese es parte del panorama sobre pobreza en el país que detalla el informe «Evaluación de la pobreza y la equidad en El Salvador 2024» del Banco Mundial.
«La pobreza en El Salvador ha disminuido desde el año 2000, pero en 2023 ha mostrado signos preocupantes, como una pobreza infantil persistentemente alta, nuevos focos de pobreza entre mujeres solteras y grandes focos geográficos de población necesitada», cita el documento.
Pero, ¿qué significa ser pobre? Hay diversos indicadores que miden los niveles de pobreza, uno de los más importantes es el costo de la canasta básica total (CBT).
La CBT que además de alimentos, incluye otros bienes y servicios esenciales como vestimenta, transporte, salud, vivienda y educación, es la que se utiliza para medir la línea de pobreza.
Cuando una persona no puede cubrir el costo de una Canasta Básica Total, se dice que vive en pobreza extrema y si no alcanza para dos canastas básicas, vive en pobreza relativa.
El Banco Central de Reserva a través de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2023, reveló que hasta ese año habían 1,151,259 salvadoreños que vivían en pobreza, alrededor del 29.2% de la población total del país, y de estos, unas 288,990 personas estaban en situación de pobreza extrema y 862,269 salvadoreños en pobreza relativa.
Esto quiere decir que no tenían los $ $190.79 los que viven en la zona rural y $248.22 -en la zona urbana-, para acceder a alrededor de 22 alimentos mínimos que contiene la cesta alimentaria y a la que hay que sumar la vestimenta, el transporte y el resto de servicios.
Y esta cesta está calculada para 3.73 miembros en el área urbana y 4.26 miembros para el área rural.
Según la EHPM de 2023, alrededor de 127,521 hogares (un 63%) de un total de 2,019,583 hogares tenían entre seis y ocho o más miembros.
Al hacer la operación matemática, es fácil entender que la cantidad de salvadoreños que ya cruzaron a la línea de pobreza o están a punto de cruzarla, es alta.
El dinero no alcanza
Además, a estos datos hay que sumar, que la canasta básica alimentaria (CBA)de El Salvador es la más cara de la región y que ha sufrido incrementos constantes en sus precios
Según el informe Aproximación para la Actualización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de los costos de producción del maíz y el frijol en El Salvador» de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la CBA ha mantenido un incremento sostenido entre 2019 y 2025.
Adalberto Blanco, de la Mesa, explicó que, para entender el comportamiento de la canasta básica, primero, hay que revisar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el que marca la tendencia de cómo se comportan los precios.
«En términos generales hay una disparidad entre el valor de los alimentos y del resto de productos, una diferencia que se ha mantenido en los últimos 2 a 3 años, por encima del 20%, llegando incluso en los picos máximos del 28.99% de diferencia entre el IPC de alimentos por encima del IPC general», explica.
En el caso de la canasta básica, entre 2001 y 2025 los precios de esta se duplicaron, pero el 25% de este incremento se ha dado justamente en los últimos tres años.
«Hay un incremento violento del precio de la canasta básica que ha afectado directamente a las familias en una situación de pobreza extrema y relativa, que son las familias que tienen que hacer concesiones más drásticas en relación a la calidad, cantidad o frecuencia de los alimentos que consumen», explica Blanco.
La Encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA, de finales de 2024, detalló que alrededor del 51.5% de la población entrevistada dejó de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado.
Blanco explica que tanto la canasta básica urbana como la rural han experimentado alzas en sus precios.
La urbana pasó de $128.4 en enero de 2001 a $255 en el último mes que tiene registro, que es julio de 2025.
Todos los productos de la CBA salvadoreña, según los datos de la gremial de Blanco, han aumentado, en promedio desde junio 2021, pero el producto que más ha subido de precio son los frijoles con un 64%. Traducido a precio por libra, pasó de $0.75 en junio 2019 a costar $1.22 en junio 2025.
«Los frijoles han incrementado su costo hasta en un 65%, las grasas un 46%, el pan francés un 40%, las tortillas un 34% y las frutas un 31%» detalló el dirigente gremial.
En el caso de las verduras, de enero de 2019 a julio de 2025 han subido su costo en un 12%, las carnes también 12%, los huevos 15%, el azúcar un 14% y el arroz un 7%, de acuerdo al monitoreo de la Mesa.
Si hablamos de la canasta básica rural, el incremento ha sido también constante. En enero de 2001 la rural costaba $94.50, en julio de 2025, el último dato disponible, cuesta $190.80, un incremento superior al 100%
Las familias de las áreas rurales han sido más afectadas porque la cesta básica para estas áreas del país no solo es más reducida sino que sus productos más importantes son los que más han subido de precio.
Blanco también advierte que hay que tener en cuenta que El Salvador es un país eminentemente importador de alimentos que depende de mercados extranjeros para alimentarse.
«Somos el segundo país más importador de alimentos de la región sólo después de Panamá y eso nos pone en vulnerabilidad ante la fluctuación de los precios internacionales, no solo de alimentos sino también en precio de fertilizantes, insumos agrícolas, materiales de construcción, herramientas, etcétera, que afectan los costos de producción internos y en consecuencia los alimentos», explicó Blanco.
Para el dirigente gremial se necesita definir una política pública, un acuerdo de Estado de apostarle a la agricultura como mecanismo de generación de empleo y de adaptación al cambio climático.
Una política que genere servicios ecosistémicos como oxígeno y conservación de la naturaleza, pero que por, sobre todo, asegure la alimentación de la población.
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