Diputados aprobaron la 42° prórroga al régimen de excepción
Pese a los señalamientos de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, el oficialismo defiende como clave en la reducción de homicidios.
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la 42° prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y que ha sido prorrogado mes a mes con el argumento de continuar la lucha contra las pandillas.
Mes a mes, Nuevas Ideas introduce bajo la dispensa de trámite la solicitud del gobierno central para mantener vigente esta disposición. En esta sesión ordinaria 72, al solicitar la introducción de la correspondencia, el oficialista Christian Guevara, señaló que esperaba que todas las fracciones estuviean a favor de la prórroga ya que «El Salvador está cerca de los 1,000 días sin homicidos».
Esta medida mantiene suspendidos tres derechos constitucionales: la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, el límite de 72 horas para la detención administrativa y el derecho a la defensa de las personas detenidas.
La solictud de la prórroga, la sostuvo en gobierno central en tanto a que ven necesarias las medidas para continuar las actividades operativas de seguridad, dado que actualmente, las autoridades siguen ejecutando un número «considerable de detenciones de integrantes y Iíderes de estructuras criminales organizadas o terroristas en diversas zonas del país».
El gabinete de seguridad señaló en el escrito que ha detectado la comisión de delitos como portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas por sus estructuras y sus cabecillas de forma independiente, generado tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilicitas, «lo cual confirma la persistencia de las actividades delictivas de estos grupos ilícitos y sus miembros en todo el territorio nacional».
«Este panorama evidencia la urgencia de aplicar medidas firmes y sostenidas para desarticular dichas estructuras», establecen los considerandos.
Además, se mencionó que se han contrarrestado hechos de personas menores de edad asociadas a dichas estructuras, quienes al salir de centros de resguardo, continúan siendo utilizados para participar en la reorganización de actividades ilicitas en los territorios donde residen; lo que representa una amenaza actual para la seguridad pública.
«La labor operativa de inteligencia policial, ha detectado que integrantes de estructuras de crimen organizado no solo participan activamente en la ejecución de actos ilíicitos, sino que además desarrollan mecanismos sofisticados para mantener una comunicación constante y efectiva con sus líderes, tanto aquellos que permanecen en centros de detención como quienes han recuperado su libertad Estas redes de información llevan a cabo coordinación transmisión», añaden.
El régimen sigue siendo fuertemente señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales debido a denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y restricciones prolongadas a las libertades individuales.
Sin embargo, el oficialismo sostiene que la medida ha sido clave para la reducción de homicidios y otros delitos.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) se prevé la realización de al menos 600 juicios masivos para procesar a miles de presuntos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción. O sea, muchas personas que llevan hasta tres años por un juicio.
La medida entrará en vigencia el 3 de septiembre y culminará el 2 de octubre.
El diputado Walter Alemán justificó la prórroga en tanto a que antes de ellos muchos de los afectados de los crímenes de las pandillas eran jóvenes y niños: «Hay gracias al régimen de excepción, la gente tiene paz».
“Los pandilleros ponían la ley en los centros escolares. Solo de 2010 a 2019 asesinaron a 481 estudiantes, fue una cifra tan impactante. El 2011 fue el más letal donde asesinaron 139 estudiantes», señaló.
La diputada Alexia Rivas dijo que este no debería ser un tema de discusión.
«De las 5,000 escuelas públicas había 340 que eran consideradas peligrosas y de esas 161 de alto riesgo, incluso más de 300 maestros tuvieron que pedir traslados porque se comprobó que estaban siendo amenazados de muerte o extorsionados por grupos terroristas. En El Salvador había escuelas que estaban clasificadas como rojas donde era insostenible que los padres o maestros pudieran desarrollar sus actividades», mencionó.
Los llamados
Diversas organizaciones nacionales e internacionales insisten en la necesidad de dar fin a la vigencia del régimen de pérdida de garantías constitucionales, por motivos como detenciones arbitrarias, torturas y persecusión política.
Cristosal recientemente volvió a denunciar que casi todas las detenciones del régimen de excepción han sido arbitrarias, sin investigaciones previas y que se mantiene a las personas detenidas bajo condiciones de tortura, sin que se haya presentado elementos de prueba individual contra los detenidos
Human Rights Watch (HRW) critica que la suspensión de garantías se asemeja a una “receta para el desastre” que amenaza el Estado de derecho. También ha advertido que tales medidas podrían generar responsabilidad penal internacional para agentes estatales que faciliten violaciones masivas.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) reiteró su exigencia de derogar el estado de excepción, señalando que el gobierno salvadoreño no ha demostrado que persistan las condiciones que justificaron las suspensiones de garantías.
Además, el organismo subraya que ciertos derechos, como el acceso a la defensa o la notificación de cargos, no pueden ser suspendidos bajo ningún estado de emergencia.
