🗒️NOTA DEL DÍA

La ruralidad en El Salvador no solo es un entorno geográfico, sino un espacio vivencial y simbólico marcado por profundas desigualdades, rezagos históricos y resiliencia comunitaria. A la luz del informe Estado de la región y otros estudios, queda claro que reivindicar cuerpos y territorios rurales no es un acto nostálgico, sino una urgencia política y social.

Históricamente, la ruralidad ha tenido dos caras: La del modelo económico agroexportador del café, a finales del siglo XIX e inicios del XX, sustentada en la concentración de la tierra; y otra relacionada con la pobreza y la desigualdad de los “campesinos”. Aún hoy, el salario mínimo en el área rural refleja esta situación de “pauperizante” para muchos ciudadanos del campo. 

Una proporción decreciente, pero estratégica: Según datos recientes del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, la población rural asciende a 1,725,715 personas, lo que representa un 28.62 % del total nacional (6,029,976 habitantes). Esta cifra contrasta con el porcentaje promedio de población rural (más del 46 %) registrado en décadas pasadas. En efecto, según el informe el Estado de la Región (CONARE, 2025), la población residente en zonas urbanas ha pasado de 57% en el año 2000 a 75% en el año 2025, con una proyección de 85% para el 2050. La ruralidad disminuye aceleradamente. Si bien se aprecia una migración sostenida hacia áreas urbanas, el agro —y con él, la cultura rural— sigue siendo piedra angular de la identidad, el paisaje y la economía salvadoreña.

Persistente brecha de servicios y pobreza: El contraste urbano-rural se manifiesta en cifras contundentes: la escolaridad promedio en zonas rurales es de apenas 4.3 grados frente a 8 en áreas urbanas (promedio nacional: 7.3). El acceso al agua potable alcanza apenas al 50.5 % de los hogares rurales, frente a 86.2 % en zonas urbanas; el saneamiento deficiente afecta al 17.7 % en el campo, frente al 3.2 % en la ciudad. Además, casi la mitad de la población rural (47.9 %) vive en condiciones de pobreza, muy por encima del promedio.

Desigualdad de género en el ingreso rural: La ruralidad tiene rostro de mujer. En especial, las agricultoras —base del sustento rural— enfrentan una disparidad alarmante: su ingreso promedio mensual en sectores como agricultura, ganadería y caza apenas alcanza los 152.56 USD, aproximadamente la mitad del salario mínimo urbano. Esto expone la brecha de género en un entorno donde la ruralidad y el informalismo económico se intersectan.

Sector agrícola y desafíos estructurales: A pesar de que el sector agrícola contribuye alrededor del 10 % al PIB de los últimos diez años, las condiciones productivas se han deteriorado. El PIB agrícola (PIBA) se ha mantenido estancado, en parte por la falta de apoyos efectivos. Este estancamiento tensiona la viabilidad de las economías campesinas y eleva el costo de la resiliencia rural, concentrada en prácticas agroecológicas emergentes.

Iniciativas comunitarias frente al abandono estatal: El enfoque acusador no perdona: según una nota reciente, el gobierno inaugura megaproyectos urbanos —como una pista de hielo en pleno centro histórico— mientras comunidades rurales en zonas como el Bajo Lempa padecen inundaciones causadas por tormentas y negligencia institucional. En respuesta, estas comunidades se han organizado en forma colectiva y utilizan proyectos agroecológicos como medio de resistencia, siendo un método ejemplar de autonomía frente al abandono estatal 

El imperativo del Estado: inversión y desarrollo rural: Un informe de CEPAL, suscribe que el desarrollo rural es indispensable para el bienestar integral de los pueblos. En Centroamérica, hasta el 45 % de la población reside en áreas rurales, sin embargo, enfrentan un acceso mucho menor a bienes y servicios fundamentales. Para revertir dinámicas de desigualdad, se requiere —como nunca— políticas públicas innovadoras y presupuestos asignados al desarrollo rural.

Avances, retrocesos y desafíos de la ruralidad

A partir de los años 90, con la reconstrucción social posterior al conflicto, el Estado acercó servicios educativos (Educación con participación de la comunidad – EDUCO) y de salud (Equipos Comunitarios de Salud Familiar -ECOS) a las comunidades rurales; el enfoque era la descentralización y desconcentración de los servicios públicos; pero posteriormente se retrocedió y se volvieron a centralizar. Los ciudadanos de los cantones alejados tienen que movilizarse en contextos difíciles –caminos y transporte- para llegar a los centros escolares y de salud.

Recientemente con la eliminación del FODES y la reconfiguración de los municipios de 262 a 44, muchas alcaldías se han debilitado, no tienen proyectos de desarrollo ni otros servicios que antes brindaban a las comunidades. Definitivamente es un retroceso… 

Reconectar y reconstruir el campo salvadoreño: El Salvador rural exige una mirada renovada. No basta con el recuento demográfico o estudios académicos: urge una estrategia de largo plazo que reconozca a la ruralidad como parte central del país y no como su periferia. Esto implica: Invertir en infraestructura básica: acceso digno a agua, saneamiento y educación rural. Promover ingresos dignos con enfoque de género, particularmente para las mujeres agricultoras. Renovar la política agrícola y brindar apoyo técnico y financiero para transformar el estancamiento del PIB agrícola. Impulsar redes comunitarias y agroecológicas, fortaleciendo su papel como red de vida y resistencia. Reorientar políticas públicas que actualmente privilegian lo urbano y lo simbólico, dejando el campo en abandono.

La ruralidad está en declive, y con ello la situación agropecuaria y el futuro de los alimentos. La crisis alimentaria en las zonas rurales de El Salvador está estrechamente ligada a la baja productividad agrícola, resultado de múltiples factores como el limitado acceso a recursos tecnológicos, la degradación del suelo, la falta de financiamiento y los efectos del cambio climático que reducen la disponibilidad de agua y afectan los cultivos tradicionales. Muchos pequeños productores dependen de prácticas de subsistencia que no garantizan suficientes excedentes para el mercado, lo que provoca inseguridad alimentaria en las comunidades y limita sus oportunidades de desarrollo económico. Esta situación se agrava por la migración de mano de obra joven hacia áreas urbanas o al extranjero, dejando a las zonas rurales con menor capacidad de innovación y resiliencia frente a los desafíos productivos. 

La ruralidad salvadoreña no requiere romanticismos; necesita justicia distributiva. Es momento de cerrar ya la brecha entre ciudad y campo y de reivindicar a quienes habitan, cultivan y cuidan la tierra. Solo así construiremos un país verdaderamente equitativo y sostenible.