Marta y sus dos nietos se mantienen pendientes del tráfico sobre la 25 Avenida Norte, en San Salvador, donde desde hace una semana todos los días esperan la llegada de un carro que los lleve a un lugar seguro para pasar la noche.

Con dos mochilas repletas de pertenencias, los niños esperan, pero por ratos sus ojos se fijan en el puente que conecta la comunidad «Tutunichapa I» con otras zonas dañadas.

Una tormenta de gran intensidad desbordó el río el 15 de agosto, obligando a las familias a abandonar sus hogares en busca de refugio para no ahogarse. Una de las afectadas fue Marta, quien se mantiene temerosa de algún pronóstico de lluvias por la noche que puedan causar más inundaciones; desde el desborde del río vive en la casa de una sobrina, donde logra conciliar el sueño junto a los niños.

A pocos metros del puente, un cartel con forma de flecha invita a ingresar a la «Tutunichapa I», frente al río del mismo nombre. Este asentamiento se extiende a lo largo de una línea peatonal donde se encuentran unas 180 viviendas colindantes con la quebrada.

La tragedia de hace una semana es visible en el lugar, donde la marca de lodo en las paredes de las casas evidencia la cantidad de agua acumulada y que en algunos puntos alcanzó niveles peligrosos, llegando hasta la segunda planta de las casas.

Al bajar las gradas, un soldado se mantiene atento con su arma de equipo, pantalón de fatiga y camiseta, mientras resguarda unos colchones mojados. El agua también les afectó y los obligó a salir de un ex Dormitorio Municipal que ahora ocupan de base militar.

En la entrada de uno de los primeros pasajes se encuentra Pedro Mártir con las sillas del comedor colocadas en la sala de su casa; el hombre cabecea intentando dominar el sueño junto a su perro «Blú». «El agua llegó hasta la segunda planta, perdimos refri, televisores, computadora, nos tocó subirnos al techo hasta con el chucho, sino capaz nos lleva la correntada», comenta, mientras espera que sus muebles se sequen.

La comunidad es una especie de línea que serpentea el cause del río y se divide por una serie de pasajes peatonales estructurados en gradas; la mayoría tienen salida hacia el sector de la Alameda Juan Pablo II y se estima que allí viven unas 355 familias.

José Santana conoce el sector como la palma de su mano y se puede decir que es el habitante más respetado, pues durante casi toda su vida fue el presidente de una especie de organización comunal. Desde hace una semana pasa las tardes compartiendo con lo que parece que son los miembros más longevos de la Tutunichapa. «Es una especie de concejo de sabios que hoy nos encontramos en emergencia para ver cómo guiamos a los jóvenes y que no nos quiten nuestro patrimonio», comenta entre risas.

Todos en la comunidad tienen claro el ofrecimiento de $300 que les ha hecho el Ministerio de Vivienda, como una especie de subsidio, para que puedan retirarse y buscar un lugar de alquiler, pero varias de las personas consultadas por este periódico comentan que uno de los requisitos que les piden para obtener el dinero es «llevar la escritura original de las casa» y explican que «será como una especie de hipoteca».

La historia de un muro de piedra

La comunidad ha sido testigo de numerosos esfuerzos para proteger sus viviendas del creciente caudal del río, pero las soluciones temporales no han sido suficientes.

Según relatos de los habitantes, un muro de piedra fue construido a lo largo del río con la esperanza de contener el flujo de agua, pero señalan que un proyecto impulsado por las autoridades de la alcaldía de San Salvador le cambió el curso del río Chirimullo hacia la quebrada Tutunichapa, lo que habría incrementado el nivel del afluente que pasa por la comunidad.

Luego, en 2010, un árbol derribó un muro en el pasaje 13 durante una tormenta y aunque las autoridades locales intentaron tranquilizar a la comunidad con medidas como la construcción de un pequeño muro de ladrillo, este resultó ineficaz y colapsó. A pesar de las adversidades, los vecinos lograron levantar uno nuevo de concreto con la colaboración del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Este medía 120 metros de largo y fue construido sin desalojar a ninguna familia, con la esperanza de que brindaría seguridad a la comunidad.

El temor al desalojo

Sin embargo, ahora surgen nuevas preocupaciones. La noticia de que se pretende realizar trabajos de refuerzo en el muro ha sembrado la duda en la comunidad, ya que han escuchado que las autoridades planean desalojar a las familias cercanas a la quebrada para realizar las obras. La incertidumbre es palpable: algunos habitantes aseguran que el lunes por la tarde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) visitará la comunidad para iniciar el proceso de desalojo.

Lo que se conoce oficialmente es lo que ha dicho la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien en una entrevista radial habló sobre la forma de proceder con respecto al dinero que les han ofrecido.

«Las viviendas han sido declaradas temporalmente fuera de uso, pero el presidente (Nayib) Bukele dijo que apoyáramos a los habitantes con $300 mensuales por un año, porque tienen que buscar dónde vivir», declaró la funcionaria a radio YSKL esta semana.

Se intentó establecer comunicación telefónica con la oficina de comunicaciones del Ministerio de Vivienda, para conocer detalles de la ayuda económica a los habitantes de la comunidad Tutunichapa I, pero indicaron que se volviera a llamar y cuando se intentó de nuevo no respondieron. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta a la solicitud. 

Con anterioridad este periódico ha solicitado, vía Oficina de Acceso a la Información Pública, una entrevista con la Ministra de Vivienda, pero no ha sido contestada. 

Mientras tanto, la oferta del dinero preocupa aún más a los vecinos, porque les piden entregar las escrituras originales. Para muchos, esta solicitud la perciben como «una estrategia para despojar a las familias de sus propiedades de forma definitiva».

«Hemos sido intervenidos en diversas ocasiones por cuestiones de seguridad, pero nunca antes habíamos enfrentado una amenaza tan directa a la propiedad; nos mantenemos firmes por la preservación del bienestar de nuestras familias», comentó un habitante, quien no quiso ser identificado, pero agregó que los «rumores» de desalojo crecen y la incertidumbre reina en el lugar.