La fecha clave es el próximo 20 de noviembre, cuando podría entrar en vigor una resolución judicial que permitiría recuperar esa protección migratoria.
La fecha clave es el próximo 20 de noviembre, cuando podría entrar en vigor una resolución judicial que permitiría recuperar esa protección migratoria.

El Gobierno de Donald Trump solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de emergencia para bloquear el posible restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos.
La fecha clave es el próximo 20 de noviembre, cuando podría entrar en vigor una resolución judicial que permitiría recuperar esa protección migratoria.
La Administración estadounidense presentó el recurso después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California, rechazara inicialmente suspender una decisión de un tribunal federal inferior que dejó sin efecto la cancelación del TPS para los venezolanos.
Posteriormente, el 3 de noviembre, el tribunal de apelaciones concedió una suspensión administrativa temporal, vigente hasta el 20 de noviembre.
Según informó El País, el Gobierno de Trump advirtió a la Corte Suprema que, si no interviene antes del viernes, el restablecimiento del TPS podría obligar a las autoridades migratorias a liberar a unos 1,800 venezolanos que actualmente permanecen detenidos.
El fallo se refiere a una decisión emitida el año pasado por un tribunal inferior en el caso conocido como ‘National TPS Alliance contra Mullin’, que determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al anular una extensión del TPS previamente otorgada a Venezuela.
La Alianza Nacional TPS (National TPS Alliance, en inglés) demandó al Gobierno Trump por poner fin al programa.
“El fallo del Noveno Circuito implica que, a menos que la Corte Suprema intervenga nuevamente, cientos de miles de venezolanos a quienes se les retiró el TPS verían restablecido su estatus”, explicaron en un comunicado los abogados de los demandantes.
Las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito incluyeron declaraciones de venezolanos afectados por la terminación del amparo, como el de Carlos Sánchez Villa, que fue deportado a Liberia tras perder el beneficio.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) del norte y del sur de California, el Miñana Family Center for Immigration Law and Policy de la Universidad de California Los Ángeles (Miñana Center) y la Haitian Bridge Alliance (HBA).
Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector en el Centro Miñana, dijo que tras el fallo esperan que la Administración “reconozca su error” y, de no ser así, “que la Corte Suprema defienda el estado de derecho manteniendo intacta” decisión del tribunal de distrito.
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