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Seguridad, libertades políticas y elecciones

Llegaremos a febrero de 2027 en medio de un proceso electoral sui generis, moldeado por reformas que favorecen al partido de gobierno y reducen al mínimo las opciones de la oposición.

Carlos Gregorio López Bernal, historiador. Foto EDH / Mauro Arias

En una entrevista concedida a Europa Press en Madrid durante la primera semana de este mes, el vicepresidente, Félix Ulloa, descartó terminar con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y aseguró que la medida continuará mientras los salvadoreños consideren necesaria su aplicación. Argumentó que el respaldo ciudadano justifica mantener el decreto, prorrogado en 56 ocasiones, pese a los cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos. «Cada vez que se le consulta a la población si quiere que el estado de excepción continúe, el 97% dice que sí, que continúe. Entonces, un gobierno que gobierna para el pueblo, hace lo que el pueblo le pide», expresó.

Por otra parte, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó recientemente que dejarán “legalmente sellado” el marco normativo de El Salvador «para que ningún pandillero sea liberado», en un futuro, mientras defendía el proyecto de presupuesto de la cartera estatal que dirige.

Para el ministro, esas medidas garantizarían que «ninguno de los asesinos seriales, pandilleros o pandilleros no brincados, postes, chequeos, gatilleros, van a salir de la cárcel». Sus declaraciones concuerdan con lo expuesto por el fiscal general, quien sostiene que, de 10,561 pandilleros condenados en juicio, el 76 % recibió penas entre 15 y 45 años de cárcel. 

Tenemos aquí dos lados de la política de seguridad del gobierno. Ambos encajan perfectamente. Si seguimos el argumento de Ulloa, es la voluntad popular la que determina la continuidad del régimen de excepción, que ya parece más bien régimen de normalidad. Incluso alega que el 97 % de la población lo exige; faltó que dijera que lo exige a gritos en la calle. Ninguna de esas afirmaciones es cierta. Quien decide cada prórroga del régimen de excepción es el gabinete de seguridad, que no consulta a nadie. Ni siquiera a los diputados, que, obedientes como son, simplemente lo aprueban. Y no hay tales consultas a la población. Lo más cercano a eso serían las encuestas de opinión, que ciertamente apoyan la medida, pero no en tan altos porcentajes. En respeto a su alta investidura, el vicepresidente debiera ser más serio y riguroso en sus declaraciones.

Las afirmaciones del ministro de seguridad deben verse como una manera de salir al paso de los temores provocados por unas declaraciones circunstanciales del presidente que, tomado fuera de base por las preguntas de una valiente periodista, se salió del guion y terminó diciendo que consideraban la liberación de un alto porcentaje de pandilleros. Aunque el presidente ha tratado de “aclarar” la cuestión en repetidas ocasiones, es necesario que otros funcionarios insistan en ello. Estamos en tiempo de elecciones; el gobierno no puede darse el lujo de dejar cabos sueltos. Así lo entendió el ministro, aunque eso suponga ir un poco a contracorriente de su jefe.

Es necesario aclarar algunas cosas respecto al régimen de excepción. Su utilidad práctica se reduce a facilitar la captura de sospechosos, permitir mantenerlos detenidos durante un periodo mayor de tiempo y disminuir la exigencia de indicios por parte de los jueces. El vicepresidente afirmó tajantemente: «Ninguna libertad pública ha sido afectada nunca. Ni la libertad de expresión, la libertad de asociación». No es cierto: el régimen afecta al artículo 7 de la Constitución, que las garantiza; por ende, su suspensión permite a las fuerzas de seguridad intervenir aglomeraciones o justificar detenciones por la sola presunción de pertenencia o vínculo con agrupaciones ilícitas. De ahí que insistir en mantener el régimen apunta más a neutralizar a la oposición y disminuir las protestas que a perseguir pandilleros. 

El régimen de excepción también afecta al artículo 12, inciso 2, que cubre el derecho a defensa y obliga a la autoridad a informar sobre las razones de la detención durante la fase previa al requerimiento fiscal. Asimismo, se ha suspendido la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. 

Pero todo lo anterior no serviría de mucho sin las reformas introducidas al Código Penal. Son estas las que realmente permiten el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los capturados. Aquí resultan determinantes los juicios masivos. Además, para los éxitos que alega el fiscal general ha sido clave el uso de testigos criteriados, que solo conocen la Fiscalía y el juez. Estos cambios tiran por la borda principios básicos del derecho penal, como son la individualización del cometimiento del delito y la proporcionalidad de la pena según la participación. Al margen de lo discutibles que puedan ser esos procedimientos, lo que importa señalar aquí es que la derogatoria del régimen de excepción en nada afectaría el enjuiciamiento de los ya capturados. En todo caso, los pocos datos estadísticos sobre capturas disponibles evidencian que estas han disminuido considerablemente. 

Lo dicho demuestra que el régimen de excepción no opera en aislado, sino que tiene una clara conexión con la política. Alguien podría alegar que discutir estos temas no es importante, ya que la mayor parte de la población acepta de buena gana la pérdida de libertades (que no le interesa usar) a cambio de seguridad. Tampoco está interesada en que haya pronta justicia para los capturados a los que se considera culpables a priori: el famoso “por algo habrá sido” de los salvadoreños. Sin embargo, no debiéramos dejarlos pasar sin más, y menos aún normalizar un sistema que, justificable excepcionalmente, termina siendo utilizado con objetivos políticos. Ningún proceso electoral puede ser realmente libre y transparente bajo tales condiciones. Y el vicepresidente, antes adalid de las libertades ciudadanas, lo sabe muy bien.

En todo caso, llegaremos a febrero de 2027 en medio de un proceso electoral sui generis, moldeado por reformas que favorecen al partido de gobierno y reducen al mínimo las opciones de la oposición. Por un lado, se alteró la representación territorial y legislativa al reducir la Asamblea a 60 diputados, adoptar la fórmula D’Hondt que eleva drásticamente el umbral para obtener una curul. La reducción del número de municipios eliminó muchos que habían sido bastión histórico de la oposición. Además, se creó una circunscripción para la diáspora que restó cinco escaños a San Salvador y uno a La Libertad. Por otra parte, se consolidaron ventajas competitivas y de arbitraje: la fotografía de los candidatos presidenciales en la papeleta para capitalizar la popularidad del mandatario, se eliminó la deuda política y se cambió la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Por separado, cada uno de estos cambios inclina un poco la balanza hacia el partido oficial; en conjunto, redefinen las reglas del juego y cargan definitivamente los dados. Si a ello sumamos la opacidad gubernamental, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la crisis de los principales partidos de oposición, los comicios de febrero de 2027 corren el riesgo de convertirse en un mero trámite. Al fin y al cabo, cuando el poder controla tanto las leyes electorales como las libertades públicas, resulta muy fácil asegurar que el pueblo siempre le dé la razón, tal como afirma el vicepresidente Ulloa.

Historiador, Universidad de El Salvador

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