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Villatoro atribuye caída de homicidios al uso de 76,600 registros judiciales de pandilleros

En la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, el funcionario expuso cómo la información judicial frenaron los casos de homicidios en El Salvador

CECOT en El Salvador
Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador donde están recluidos los miembros de pandilla. Foto Presidencia de la República

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, atribuyó este lunes la reducción de homicidios en el país —que situó en 1.3 por cada 100,000 habitantes al cierre del año pasado— a la inteligencia acumulada en 76,600 registros judiciales de pandilleros y a decisiones de «soberanía» institucional, al tiempo que rechazó las críticas de organizaciones de derechos humanos y descartó cualquier retorno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como mediadora en el país.

Durante su intervención en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), celebrada en San Salvador con la participación de representantes de 23 países de cuatro continentes, el funcionario centró su ponencia en contraponer las estadísticas actuales frente a los resultados de las administraciones anteriores entre 1992 y 2018.

«Las políticas públicas del presidente Bukele en materia de seguridad, más allá de estar escritas en cualquier documento, descansan en el alma, en el corazón y la mente de seis millones de salvadoreños», afirmó Villatoro ante el auditorio.

El titular de Seguridad sostuvo que las estructuras criminales llegaron a controlar el 85 % del territorio nacional y concentraban el 98 % de los delitos.

Según los datos expuestos en la conferencia, tras la activación del régimen de excepción en marzo de 2022 —al que denominó «protocolo de guerra»— las autoridades promediaron 1,500 capturas diarias durante los primeros tres meses y han sometido a proceso judicial a más de 84,600 personas en 586 causas.

Villatoro explicó que la ofensiva operativa se apoyó en el cruce de información extraída de los archivos del sistema de justicia penal desde 1998, de donde las fuerzas del orden obtuvieron 76,600 perfiles con fotografías de tatuajes y zonas de dominio.

Esa base de datos, señaló, permitió ejecutar de forma simultánea una operación para capturar en los primeros 30 días a los 14 principales cabecillas de las pandillas.

Asimismo, el funcionario aseguró que el país alcanzó una tasa de «impunidad cero» en los 82 homicidios registrados el año anterior, asegurando que todos los responsables fueron sometidos a la justicia, en contraste con un 97 % de impunidad histórica.

También reportó la expulsión, en un plazo de 72 horas, de más de 400 ciudadanos colombianos vinculados a redes de préstamos ilegales conocidos como «gota a gota», quienes operaban en alianza con las pandillas.

«Estos son datos, no son relatos», enfatizó Villatoro al cuestionar las recetas de seguridad aplicadas en décadas pasadas y criticar abiertamente a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, a las que tildó de «carroñeras».

«La Organización de los Estados Americanos jamás va a volver a poner un pie en este país a acreditar acuerdo entre criminales y gobierno», sentenció en alusión a la tregua entre pandillas de 2012.

Hacia el cierre de su discurso, el ministro destacó la inversión estatal en modernización tecnológica para sostener los resultados de seguridad.

Detalló que la Policía Nacional Civil cuenta con infraestructura de «inteligencia artificial soberana» mediante servidores propios, una red de vigilancia con drones integrada al sistema 911 que cubre el 80 % de las ciudades de San Salvador y Santa Tecla, y una flota de movilidad eléctrica alimentada por más de tres megavatios de energía solar instalados en sedes policiales y ministeriales.

Finalmente, Villatoro señaló que el 80 % de la violencia en el continente americano gira en torno al narcotráfico y aseguró que El Salvador mantiene canales abiertos de cooperación en seguridad con países como Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Perú.

«No le hemos ofrecido copiar y pegar, sino más bien que nos pregunten; tenemos un libro abierto para compartirles», concluyó.

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