Norman Quijano: FMLN frena elección de CSJ para proteger vetos

El presidente legislativo cree que sin Sala Constitucional no pueden superar vetos presidenciales.

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San Salvador, jueves 26 de julio de 2018. De izquierda a derecha Alberto Romero y Norman Quijano, diputados de ARENA. Los diputados no pudieron lograr acuerdo para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia en la plenaria realiza, el dÌa miÈrcoles 25 de julio de 2018. Foto EDH Jorge Reyes

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06 September 2018

El FMLN podría estar atrasando la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como estrategia para dar vía libre a que el presidente Sánchez Cerén pueda vetar los anteproyectos de ley que considere convenientes bajo el argumento de que son inconstitucionales.

Así lo consideró ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien sostuvo que si los vetos por inconstitucionalidad del presidente son superados (para lo que se requiere de 56 votos) debe actuar posteriormente la Sala de lo Constitucional, pero eso no puede ser posible porque en este momento está desintegrada por la falta de acuerdos para elegir a cuatro de sus cinco integrantes.

“A veces uno puede advertir algunas estrategias… Por eso el FMLN puede estar frenando la elección de una Sala de lo Constitucional”, señaló el presidente legislativo.

Quijano sostuvo que “vamos a estar encontrando muchos vetos en muchos anteproyectos de ley”, mencionando entre ellos a los recientes decretos para evitar el cobro por servicio de agua no recibida y el que tiene que ver con permitir votar con DUI vencido en las presidenciales de febrero de 2019.

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“Si veta por inconstitucionalidad no vamos a tener forma de resolverlo, porque al vetar por inconstitucionalidad, a parte de que tenemos como pleno que superar con 56 votos, el veto entra en competencia de la Sala de lo Constitucional y al no estar constituida entonces queda no hay balance de poderes. Cuando hay un veto por inconstitucionalidad y es superado, la Sala dice ‘tiene razón el presidente o tiene razón la Asamblea’, no hay equilibrio”, agregó Quijano.

Por su parte, la jefa de bancada del FMLN, Nidia Díaz, negó las sospechas de Quijano y señaló que los procesos del presidente para vetar, sancionar u observar un decreto son ajenos al tema de la elección de la Corte.

“ Lo que puedo decir es que ellos (ARENA) tratan de imponer una serie de leyes que aunque saben que son inconstitucionales y tienen el riesgo de que se veten, lo hacen como un reto a la institucionalidad y la Constitución para que el presidente las vete”, aseveró.

El martes pasado, en la Comisión Política, las distintas bancadas legislativas presentaron nuevos nombres como propuestas para integrar la Sala de lo Constitucional, alejándose aun más de los pocos acuerdos que ya habían logrado alcanzar.

Durante la sesión del martes, ARENA y PDC dejaron claro que apoyan a los abogados Martín Rogel, Carlos Sánchez, Ivette Cardona y Aldo Cáder para la Sala de lo Constitucional, y a Alex Marroquín para la de lo Civil.

En tanto, el PCN cambió de postura y respaldo la propuesta que días atrás había hecho GANA. Antonio Almendáriz, jefe de bancada del PCN, pidió la palabra y lanzó la siguiente propuesta: Carlos Sánchez, Sergio Avilés, Alex Marroquín y Marina de Torrento, en lugar de Cáder, además de Sonia Cortez de Madriz, para la Sala de lo Civil.

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Esta propuesta fue respaldada, de inmediato, por las bancadas de GANA y el FMLN.

ARENA, PCN y PDC apoyaban, la semana pasada, a los abogados Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Sergio Avilés y Alex Marroquín para la Sala de lo Constitucional, pero ayer los pecenistas cambiaron a Cáder por Marina de Torrento, dejando a la Procuradora Sonia de Madriz en la Sala de lo Civil.

La Sala cumple hoy 53 días desintegrada, pues los legisladores debieron elegir a los nuevos magistrados a más tardar el pasado 15 de julio, cuando concluyeron sus períodos los anteriores funcionarios.

Diversas organizaciones de abogados y de la sociedad civil han insistido en que la falta de una Sala de lo Constitucional pone en peligro los derechos constitucionales de los ciudadanos, pues no es posible presentar recursos de amparo ni peticiones de hábeas corpus en los casos de detenciones arbitrarias.