Ciudadanos por una Corte Independiente exigió ayer a los diputados que permitan el ingreso de observadores de la sociedad civil a las discusiones que tenga la Comisión Política de la Asamblea para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La organización, que está formada por varias asociaciones cívicas, reiteró que se debe transparentar el proceso de la elección de magistrados independientes, idóneos y con base en méritos y no en cuotas partidarias.
Aunque señalaron que ha habido avances en el proceso de selección de los mejores perfiles, señalaron que aún hacen falta algunos pasos, como el de darle más transparencia al proceso.
Según dijeron, uno de esos procesos es el establecimiento de un baremo o cuadro de calificaciones de los mejores perfiles, para determinar que estos cumplan con los requisitos señalados por las diversas organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones, en su mayoría de jóvenes, también llamaron a los legisladores a que elijan en tiempo a los cinco nuevos magistrados, cuatro de ellos a la Sala de lo Constitucional. Los actuales funcionarios concluyen su período el próximo 15 de julio.
“Exigimos a los diputados que elijan a tiempo, puesto que los cinco magistrados salientes concluyen su plazo este domingo 15 de julio y el país no puede permitirse estar sin una Sala de lo Constitucional y una Corte Plena adecuadamente integradas”, señalaron los integrantes de dicho grupo.
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A pesar de los señalamientos, los miembros de Ciudadanos por una Corte Independiente señalaron que ha habido avances en la selección de los aspirantes con respecto a otros años. Destacaron que se haya abierto la participación de la ciudadanía en el proceso de entrevistas de los postulantes.
“En algunas entrevistas a algunos diputados se veía que estaban poniendo atención y repreguntando respecto de casos concretos, pero en otros no. Los diputados de la subcomisión no todos son abogados y las preguntas que hay que hacerles a los jueces que van a ocupar las máximas magistraturas del país tienen que ser sobre sus conocimientos legales, por una parte, y por otra parte tiene que ver sobre su trayectoria profesional”, señaló Liliam Arrieta, investigadora del área legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Arrieta sostuvo que los legisladores debieron recibir la asesoría de expertos en temas jurídicos para que las preguntas fuera más técnicas.
“Hubiera sido deseable que se asesorarán de personal técnico o en algún momento, como se dijo, de la academia. Algunas preguntas son de sentido común y no necesitamos un doctorado para hacerlas, pero otra sí requieren conocimientos jurídicos”, señaló la abogada.
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Por otra parte, Ciudadanos por una Corte Independiente se quejó que algunas de las preguntas hechas por el público a los candidatos durante el proceso de entrevista fueron “filtradas” por la subcomisión legislativa.