El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, propuso ayer ejercer presión a la Asamblea Legislativa para crear una ley especial que regule la elección de los funcionarios de segundo grado y que contenga sanciones por incumplimiento contra los legisladores si no eligen a tiempo.
Meléndez recordó que la Asamblea Legislativa cumplió ayer 116 días de omisión en su mandato constitucional de elegir a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a 1 de la Sala de lo Civil, con sus respectivos suplentes.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su análisis sobre el proceso de elección de magistrados de la CSJ, también coincidió con Meléndez, solo que el tanque de pensamiento propone reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).
El exmagistrado dijo que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una ley que obligue o que sancione a los diputados por no cumplir a tiempo con lo que les ordena la Constitución de la República, y que para ello es necesario la presión desde la sociedad civil.
“Por eso yo insisto en la participación, en la presión social, eso es lo que hay que fortalecer y hay que apuntarle para que se emita una ley, no un reglamento interno de la Asamblea Legislativa, una ley consultada con la ciudadanía, con las organizaciones interesadas, para que haya una ley especial que regule toda lo relativo a las elecciones de segundo grado”, planteó Meléndez.
Precisamente Meléndez tuvo a cargo la ponencia: “La omisión en elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde las perspectivas de los derechos humanos”, en la actividad que organizó Fusades.
De acuerdo al exfuncionario de la CSJ, el no elegir a los magistrados es un “menosprecio” de parte de los legisladores a la Constitución de la República y hacia los derechos de los ciudadanos que no tienen adonde acudir por la falta de integración de la Sala de lo Constitucional.
A falta de la Sala, aseguró el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, prácticamente el control constitucional está en manos del Órgano Ejecutivo.
“Ante la ausencia de la Sala de lo Constitucional que intervenga en una controversia entre dos poderes del Estado, el presidente de la República se convierte nada menos que en el tribunal constitucional del país; es el que tiene la última palabra para dirimir una controversia”, apuntó Meléndez, como uno de los elementos negativos que acarrea la no elección de magistrados de la CSJ.
“Se ha convertido en la regla”
Por su parte la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), también planteó la necesidad de que los legisladores hagan reformas al RIAL para garantizar las elecciones de funcionarios de segundo grado con las personas más idóneas y a tiempo.
“La jurisprudencia constitucional ha dado los parámetros que deben cumplirse para realizar esta elección, pero para mejorar su nivel de cumplimiento, habría que reformar el RIAL para incorporarla y para agregar con más detalle, el procedimiento para elegir a los funcionarios...” dice el documento de Fusades que analiza el proceso de elección de los magistrados.
“El cumplimiento de los plazos en las elecciones de segundo grado forma parte de las obligaciones que los diputados deben cumplir, por lo que además de las reformas al RIAL mencionadas, deberían adoptarse medidas que regulen con más detalle las responsabilidades en las que incurren los diputados al no elegir a tiempo”, añade Fusades.
Para el tanque de pensamiento no se vislumbra un interés genuino de parte de los diputados que le han ido dando largas a este nombramiento de funcionarios.
“El actual retraso en elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es parte de una preocupante tendencia que hemos observado en las más recientes elecciones de segundo grado. Esto se pudiera estar convirtiendo en la regla y no en la excepción, lo cual tiene un efecto muy profundo en la cultura de legalidad del país”, manifestó Claudia Umaña, quien es la coordinadora alterna de la comisión de estudios legales de Fusades.
Lo cierto es que los salvadoreños no tienen a quien acudir para reclamar sus derechos constitucionales pues no hay Sala de lo Constitucional. Aunado a eso la Asamblea Legislativa ha paralizado sus labores por esa elección.
“La verdad es que el país está en una situación de emergencia, una situación crítica; no tenemos Sala de lo Constitucional, hay receso de la Asamblea Legislativa por este tema. Yo creo que los diputados deberían estar en sesión permanente hasta que saquen este tema de país y que elijan por razones de idoneidad”, dijo Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fusades.