En una carrera contra el tiempo, la jueza Cuarta de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, ordenó ayer, al filo de las 11:00 a.m., que el ex-Fiscal General, Luis Martínez, y el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza, continúen detenidos provisionalmente por su presunta participación en delitos de corrupción dentro de la institución entre 2012 y 2015.
Martínez tendrá que responder por 15 delitos, entre ellos peculado (apropiación de fondos públicos), negociaciones ilícitas, cohecho propio (soborno), falsedad ideológica, falsedad documental agravada (alteración de documentos legales) en grado de instigador; omisión de investigación y lavado de dinero.
Arriaza, un subalterno que era muy allegado a Martínez, es señalado de ocho delitos, como falsedad documental agravada, en grado de instigador; omisión de investigación y privación de libertad por funcionario en grado de instigador.
Otros 11 imputados (entre los cuales hay empleados del Ministerio Público, exfuncionarios y personas particulares) deberán enfrentar el proceso en libertad por el delito de peculado, pero sin medidas.
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Ellos son Jorge Nájera Aguilar, Nelson López Jiménez, César García Barrera, José Gómez Guillén y Francisco Salinas Montenegro. También Karla Escamilla López, Eduardo Vásquez Becker, Dolores Zelaya Mendoza, Mario Guardado Valentín, José Morales Gutiérrez y Soledad Menjívar González.
Quienes gozarán del mismo beneficio pero tendrán que comparecer cada ocho días en el Juzgado son la esposa del ex-Fiscal General, Carla García Rossi de Martínez, y el exgerente general de la institución, Mauricio Yánes Morales. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero; él también es acusado de peculado y negociaciones ilícitas.
Por el mismo caso, hay 15 imputados ausentes, quienes deben presentarse el martes a una audiencia especial. La Oficina de Comunicaciones de los tribunales informó que, si no lo hacen, un juez girará una orden de arresto contra ellos.
Jueza señaló vacíos en la investigación
La semana pasada, el Fiscal General, Douglas Meléndez, y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, revelaron detalles de la investigación denominada “Operación Corruptela”, en la que se descubrió que dentro del Ministerio Público funcionaba una red de corrupción.
Esta estructura presuntamente la encabezaba Martínez, quien habría recibido no menos de $1.5 millones -en efectivo y en dádivas- para favorecer a Mauricio Funes y a Enrique Rais para no ser investigados en distintos casos. Ambos están prófugos.
El argumento de Pozas para resolver que la mayoría de imputados siga el proceso en libertad es que “el común denominador de lo que encuentro es que hay una falta de consistencia en los señalamientos de los testigos. La Fiscalía debe robustecer la investigación”.
En cambio, decidió mantener recluido a Martínez porque, a su juicio, la evidencia presentada apunta a que participó en acciones para usar fondos de la institución para beneficio personal, porque el cúmulo de penas por los delitos que se le atribuyen “es muy alto” y porque enfrenta dos acusaciones más en el Juzgado Octavo de Instrucción.
En el caso de Arriaza, resolvió que siga en prisión porque la probabilidad de que huya “es altísima”.
Uno de los fiscales señaló que evaluarán si apelan ante una Cámara la decisión que favoreció a la mayoría de imputados. También destacó que la jueza haya resuelto que Martínez y Arriaza sigan recluidos, porque la Fiscalía considera que ambos tienen “mayor vinculación por la responsabilidad que pesaba sobre ellos”.