El exfiscal general Luis Martínez no solo se valió de su investidura para aceptar dádivas de dos prófugos, el expresidente Mauricio Funes y José Aquiles Enrique Rais, sino que se las ingenió para reestructurar protocolos de administración de la Fiscalía General de la República y de esa manera, extraer fondos sin reunir los requisitos o someterse a los controles institucionales.
Según el proceso judicial abierto ayer en la audiencia inicial contra el ex fiscal y 12 personas más -entre exfuncionarios, empresarios y particulares- ese fue el mecanismo para manipular el manejo de bienes y patrimonios especiales de la institución con fines personales. “Todos los fondos públicos deben originar un procedimiento para erogar y ejecutarse, y al modificar esta estructura organizativa interna de la Fiscalía era con la finalidad de que se omitieran esos controles”, dijo uno de los 10 fiscales encargados de procesar a los detenidos en la Operación Corruptela.
La evidencia está, afirmó el fiscal, de que en la mayoría de casos donde se ha afirmado que hay peculado o supuesta desviación de fondos, no se sometieron a procesos de licitación pública “mediante la emisión de una resolución que justificaba poder hacerlo de esa manera”.
Fiscal general sobre comentario de Luis Martínez: “Ni siquiera he ocupado la silla porque sé que está manchada de corrupción”
Una de las reestructuraciones que Martínez hizo dentro de la Fiscalía fue destituir al gerente general y nombrar a Mauricio Antonio Yanes (ahora procesado) con mayores potestades que la misma gerencia financiera y que era la que verificaba el cumplimiento de ley LACAP en cada solicitud de fondos.
Como resultado de esa transformación, algunos de los empleados fueron contratados como “consultores” y “asesores” que cobraron por consultorías que no brindaron a la institución. Del cien por ciento del costo de cada una de las asesorías, según Fiscalía, el 80 por ciento de esos fondos iban a las cuentas de Martínez y solo el 20 por ciento se pagaba a los “consultores”. Durante su gestión se realizaron al menos 31 consultorías por las que la Fiscalía pagó $257,000.
Además, es acusado de sustraer parte del efectivo confiscado a la delincuencia como los 14.5 millones de dólares hallados en barriles enterrados en Zacatecoluca, La Paz y San Juan Opico, La Libertad.
Aunado a esas acciones, Fiscalía ha establecido en su investigación, que Yanes por orden Martínez, utilizó un fondo de 38 mil dólares que por sentencia del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador estaba en poder del Ministerio Público.
Las deudas personales del exfiscal cuando asumió su cargo eran de $301 mil, logró saldarlas en sus primeros meses de gestión, detalló la Fiscalía,
Uno de los fiscales afirmó ayer en el proceso acusatorio en la audiencia inicial, que Yanes ordenó identificar los expedientes que contenían sumas de dinero decomisadas para pasar esos recursos al fondo de depósitos de la Fiscalía.
Luis Martínez obtuvo dinero ilícito de cuatro fuentes
Los abogados tienen su propia lectura del caso; estiman “que la acusación es temeraria, falsa, especulativa. La Fiscalía está contando un cuento pero a saber de que país, ahí están todos los documentos que amparan esas transacciones”, afirmó el abogado, Alcides Guandique.
El abogado Nelson García, afirmó que las personas que son acusadas de peculado (desvío de fondos públicos) no encaja porque ese ilícito aplica en funcionarios y no particulares. Entre tanto, el abogado José Mario Machado es del criterio que su cliente, Jorge Moisés Nájera Aguilar, procesado por lavado de dinero al ser parte de una red de personas que manejaban fondos de la Fiscalía para pagar tarjetas de crédito de Martínez y su familia, sin embargo, dijo, esas tarjetas estaban a nombre de una firma comercial (Bodepa), no del exfiscal.
Edgar Morales Joya, defensor de Nelson Humberto López, oficial de cumplimiento de un banco, asegura que su cliente no puede haber cometido lavado de dinero, si el dinero que fiscalizaba, era el resultado de un ilícito.