Gobiernos y beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) se mostraron ayer “felices” después de que un juez federal suspendiera la orden del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin a este amparo, pero insistieron en que seguirán luchando por una solución permanente.
A última hora del miércoles, un juez federal bloqueó la suspensión ordenada por el Gobierno de Trump de los TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
La decisión entró en vigor “de inmediato”, ya que la terminación de los programas, prevista para los próximos meses, supondría, según el magistrado Edward Chen, con tribunal en San Francisco (California), un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar el país.
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En El Salvador, el gobierno también expresó su alegría ante la decisión del juez de San Francisco. Así, la viceministra para los salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, enfatizó que el daño de una eventual deportación “seria incalculable, irreparable y desarraigaría a la familia de una manera despiadada y dolorosa”.
“Estamos contentos con esta noticia”, dijo Magarín, aunque aclaró que “es una medida temporal, es una medida cautelar mientras dure el proceso”.
José Palma, de origen salvadoreño, beneficiario del amparo migratorio y miembro de la junta directiva de la Alianza Nacional de TPS, explicó ayer que lleva 20 años en el país “trabajando, estudiando, criando a una familia”, y que sus cuatro hijos han nacido en EE.UU.
“Mi historia es la historia de muchos beneficiarios del TPS, y esta decisión judicial trae alegría a nuestros corazones, pero sabemos que es una cuestión temporal y estamos listos para continuar organizándonos para lograr una solución permanente para nosotros y nuestras familias”, insistió.
Wilna Destin, de origen haitiano, también ha podido hacer su vida en el país gracias a la protección del TPS y, cuando Trump ordenó ponerle fin, decidió embarcarse en la demanda cuyo fallo preliminar salió la pasada noche.
“Decidí involucrarme en la demanda porque era lo correcto. Mis dos hijos nacieron aquí, son ciudadanos y decidí pelear. No creo que sea justo para mí, después de tantos años de trabajo y de pagar impuestos. Ni tampoco es justo para mis hijos, mi familia o la gente de mi comunidad”, aseguró Destin, vecina de Orlando, Florida.
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“Estoy muy feliz por la decisión del juez, pero voy a seguir luchando como madre, como ser humano”, añadió.
Hiwaida Elarabi, originaria de Sudán, también formó parte del grupo de demandantes, y decidió embarcarse en ello tras el miedo que sintió al conocer la orden del Gobierno de acabar con el TPS, algo que podría acabar con toda su vida.
Elarabi vive en Massachusetts desde hace más de 20 años, trabaja para el Departamento de Educación estatal y hace 2 años logró su “sueño” de abrir un restaurante. Sin embargo, tras saber que quizá tendría que salir de EE.UU. de forma inminente, lo vendió sin apenas disfrutarlo por un precio inferior a su valor.
Como Palma, Destin o Elarabi, cientos de miles de personas, junto a sus hijos y familias, se encuentran ante la posibilidad de que finalmente tengan que abandonar Estados Unidos, el país donde han construido toda su vida, pero seguirán movilizándose para permanecer en un lugar que sienten suyo.
Emi Maclean, abogada de una organización nacional de trabajadores, explicó que el fallo judicial es “inmensamente importante” para estas familias, porque reconoce que hay muchas pruebas de que la Casa Blanca presionó para suspender los TPS motivada por una “animadversión racial” del presidente y su equipo.
“Las acciones de un Gobierno no deben estar motivadas por cuestiones raciales”, subrayó la abogada, quien detalló que los beneficiarios de Honduras y Nepal no están protegidos por la decisión del juez ya que cuando se presentó la demanda sus TPS no habían recibido orden de finalización.