Cuatro asociaciones de jueces mostraron el miércoles su respaldo a la jueza de paz del municipio de Las Vueltas, Chalatenango, Hilda Orantes, a quien desde el 16 de agosto pasado los trabajadores y el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños, Sinejus, le impiden el ingreso a la sede judicial.
Ese sindicato es el mismo que organizó una fiesta con bailarinas en una sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez.
El sindicato acusa a la funcionaria de violación de derecho de ascenso, acoso laboral y discriminación. Por ello, están decididos a mantener la medida de protesta hasta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resuelvan una petición para que Orantes sea trasladada a otro juzgado y nombren a un nuevo juez (permuta).
Una situación similar ocurrió, semanas atrás, en el Juzgado de Paz de Mejicanos, en donde los sindicalistas obstruyeron el trabajo de una jueza suplente, pero las labores ya se normalizaron.
TE PUEDE INTERESAR: Restos de agente Carla Ayala fueron movido dos veces por sus victimarios
Estas decisiones son calificadas por los jueces como “caprichosas” y “violatorias del derecho de acceso a la justicia”, ya que con eso los trabajadores y el Sinejus “han antepuesto un interés privado sobre uno general”.
Los funcionarios sostienen que, en el caso del Tribunal de Las Vueltas, con esta acción se ha afectado a los usuarios e irrespetado a Orantes, no solo como persona sino también a su investidura como jueza, porque se le impide administrar justicia.
Por ello pidieron a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, a donde la jueza de Las Vueltas denunció la toma del juzgado y la obstrucción de la justicia, que hagan el trabajo que les corresponde para que se inicie una investigación por los delitos mencionados y se recuperen las instalaciones del juzgado para que se reanude el trabajo.
“La función que realiza un juez de paz en un municipio es vital para el Estado de Derecho (porque) es a quien acuden los ciudadanos para que se le tutelen sus derechos...Este tipo de medidas que se están realizando devienen de un activismo carente de legitimidad”, expresó Cesia Romero, magistrada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia.
La funcionaria dio estas declaraciones en una conferencia en la que estuvo acompañada por jueces y magistrados de la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador (Ajupes), la Asociación de Jueces de Paz de Chalatenango y El Salvador (Ajuchaes), la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador (Amjes) y la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (Amjues).
Lo que desencadenó el conflicto
El cese de labores en el Juzgado de Paz de Las Vueltas empezó cuando la jueza designó como secretario interino a una persona externa del juzgado, luego de que el titular pidió un permiso de 40 días.
Israel Alemán, representante del Sinejus, señaló que quien debía asumir el cargo temporal era la colaboradora jurídica pero Orantes le impidió hacerlo.
Además, el secretario, el notificador y la ordenanza acusan a la funcionaria de acoso laboral, pues aseveraron que les ha pedido que renuncien pese a que están contratados por la Ley de Salarios.
TE PUEDE INTERESAR: Bienes por $200 mil en masacre de narcos pasarán al Estado
También la señalaron de discriminadora, porque prefiere a los hombres en cargos de confianza.
Al respecto, los jueces señalaron que el nombramiento que hizo Orantes fue con base a los artículos 21 y 33 de la Ley de Servicio Civil. Además, sostuvieron que hay una resolución de Corte Plena, del 5 de octubre de 2017, en donde se expresa que los ascensos no pueden ser automáticos, sino que están sujetos a la comprobación de las capacidades técnicas del solicitante.
Los jueces aclararon que los sindicatos tienen una finalidad legítima en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero consideraron que el reclamo de las reivindicaciones laborales no pueden hacerse de forma violenta, ya que existen mecanismos legales para hacerlos y sin afectar a los usuarios.