El presupuesto que la Asamblea tiene proyectado para 2019 es de $58.3 millones reveló este martes el presidente legislativo, Norman Quijano, de ARENA. El funcionario ya le envió una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén informándole que ese será el gasto previsto, el cual deberá ser incorporado al Presupuesto de la Nación que el Ministerio de Hacienda debe presentar a la Asamblea a finales de septiembre.
El monto planeado es el mismo que se aprobó para el ejercicio fiscal de 2018, el ahorro prácticamente es de $2 millones, ya que aunque es la misma cantidad, Quijano asegura que el presupuesto real para este año fue de $60.2 millones y no de $58.2 millones como lo decía el documento aprobado el año pasado.
“El presupuesto real es de más de $60 millones, ahorita he logrado bajar el déficit en $1.3 millones”, reconoció Quijano.
El rubro de remuneraciones es lo que más consumió el presupuesto de la Asamblea, puesto que de un monto de $45 millones que se aprobaron en septiembre de 2018 para salarios, en cuatro meses previos a la gestión de Quijano (enero a abril), esta partida subió a $50.2 millones.
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De acuerdo a Quijano, la administración de Guillermo Gallegos, de GANA, quitó dinero para cubrir las nuevas plazas a la partida de bienes y servicios y ocupó los fondos que la Asamblea preveía para pagar el seguro médico privado, ya que al final no se contrató el servicio.
En total, el rubro de remuneraciones terminó siendo de $50.2 millones y no de $45 millones, por eso Quijano asegura que el “papel aguanta con todo”, pero que el presupuesto real de la Asamblea para este año terminó siendo de $60.2 millones.
Pese a lo anterior, se aferra a la idea de que es posible reducir en 5% el gasto anual de la Asamblea, tal como quedó establecido en el Protocolo de Entendimiento firmado al inicio de su legislatura, pero para el próximo año cree que será difícil, debido a que ni con las medidas de austeridad que puso en marcha desde mayo que asumió la presidencia de la Asamblea, de supresión de plazas, de reducción de gastos en viajes y viáticos, así como de combustible y vehículos, logrará terminar el año sin dificultades.
El gasto que se ahorró gracias a las reducciones es el mismo monto que se ha ido en el pago de más de $800,000 en indemnizaciones para unas 50 personas que se acogieron al decreto de retiro voluntario en la Asamblea, aseguró Quijano.
Ante esto, el plan de contingencia para terminar de funcionar los últimos meses del año es diferir el pago de bienes y servicios que corresponderían en diciembre para cancelarlos hasta enero de 2019.
Así como la eliminación del pago de horas extras, el cual, asegura rondaba en $50,000 al mes y lo han bajado a $25,000 que es el costo real de los empleados que se quedan trabajando después de las horas laborales cuando hay plenaria.
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En viajes y viáticos dice que han bajado el gasto de más de $110,000 mensuales a unos $20,000 al mes. Las autorizaciones son más rígidas y los viajes que se autorizan son los que van con todos sus gastos pagados y se aprueba que vaya únicamente el diputado invitado y no un diputado por cada partido, como se acostumbraba a hacer en la gestión anterior, subrayó.
Quijano no quiere seguir “desestabilizando” a la Asamblea con más supresión de plazas, pero no descansa en su afán de identificar qué plazas “fantasmas” siguen existiendo en el Congreso. Las que suprimió asegura, eran personas que cobraban su salario pero no llegaban a trabajar como corresponde.
Dice que tiene demandas en su contra en la Sala de lo Contencioso por supuestos despidos injustificados y el secretario del sindicato de la Asamblea, Luis Ortega lo ha denunciado en la Organización Internacional del Trabajo regional con sede en Costa Rica, para exigirle que reinstale a empleados que eran afiliados al sindicato, pero los únicos que tienen fuero sindical son los directivos, afirmó.