Los primeros actos de corrupción en los que Mauricio Funes fue vinculado antes de llegar a la presidencia de la República están relacionados con los $1.5 millones que presuntamente recibió de la empresa brasileña Odebrecht, en 2008, y $3 millones más que le entregó, un año después, el empresario salvadoreño Nicolás Salume Barake.
La Fiscalía General ha confimado que mantiene abierta la investigación relacionada con este dinero que Funes habría utilizado para financiar la campaña que le permitió gobernar al país, entre 2009 y 2014.
Esta investigación es paralela a la que se le sigue al exmandatario por el Caso Saqueo, en la cual el Ministerio Público lo acusa de haber dirigido el desvío de $351 millones provenientes de fondos públicos hacia cuentas particulares; y de haber lavado más de $10 millones durante su administración.
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Funes -quien está asilado en Nicaragua y contra quien hay una orden de captura- fue señalado por su exasesor de imagen, el brasileño Joao Santana y su esposa Mónica Moura, de participar en una trama de corrupción en la que la compañía Odebrecht pagó sobornos para “ganar” proyectos de infraestructura gubernamental en países latinoamericanos, entre ellos El Salvador.
Según las autoridades de aquel país, la exprimera dama y militante del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil desde los años 80, Vanda Pignato, habría mediado para conseguir los $1.5 millones que la contratista Odebrecht hizo a la campaña de Funes.
El dinero, según las investigaciones, fue pagado en 2008 por la compañía a través de la agencia de publicidad Polistepeque, propiedad de Santana, quien dirigió la campaña de Funes que al año siguiente hizo ganar la presidencia al FMLN.
Posteriormente, Polistepeque se hizo de otros contratos de publicidad de entidades gubernamentales. Desde junio de 2017, Santana y Moura cumplen una condena de siete años de prisión por el delito de lavado de dinero.
$3 millones y cinco versiones
Sobre la entrega de los $3 millones que Salume Barake hizo a Funes, el exmandatario dio cinco versiones.
En marzo de 2009, el entonces candidato presidencial dijo que tuvo que contraer un “préstamo” con el empresario para incrementar su presencia en los medios, pero reiteró que ninguno de los dos estaban obligados a explicar el origen de los fondos ni de qué forma de pago.
“(Salume) no está obligado a explicarle a nadie de dónde ha salido el dinero que él me prestó”, sostuvo Funes, en esa ocasión, en una entrevista televisiva. También negó que haya recibido el préstamo a cambio de favores para el empresario: “Yo no estoy ni hipotecando mi próxima gestión pública, ni hipotecando mis bienes”, dijo.
Pero en noviembre de 2013, el exmandatario relató que el préstamo personal que le hizo Salume fue por la amistad y la confianza que les unía y en apoyo a su proyecto para hacerle frente a la campaña del partido ARENA. Luego se contradijo en otra entrevista al decir que se trató de un “donativo” para él, como candidato, y no para el FMLN (partido que le permitió llegar al poder); por lo tanto no estaba obligado a pagarle al empresario.
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Cuando se le cuestionó si había pagado el 25% del impuesto sobre la renta que obliga la ley a ese tipo de ingresos, Funes cambió la versión y dijo que fue un “donativo al partido” para la campaña y por eso no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En contraste, los dirigentes del FMLN no confirmaron haber recibido esos fondos.
Después, el exmandatario explicó que el dinero le fue depositado a su cuenta personal porque “de alguna manera había que agilizar ese recurso”; y añadió que en un principio Salume “probablemente por razones políticas prefirió hacerlo como un préstamo y no como una donación”.
Ante la insistencia de los medios de comunicación, Funes dio el caso por “cerrado” y aseguró que la entrega de dinero se trató de un “caso privado” sobre el cual ya no daría declaraciones.
Sobre eso, el excoordinador del FMLN, Fabio Castillo, criticó en su momento a Funes por decir que su caso era un asunto privado, pues el donativo fue condonado cuando no había sido juramentado.
“El asunto sería privado si él hubiera pagado los impuestos, pero al no pagar los impuestos interviene otro ente del Estado y entonces, ya no es privado, ya es una cosa pública”, criticó Castillo.
El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional (TI), Roberto Burgos, también afirmó que Funes no podía declarar unilateralmente que el caso estaba cerrado y opinó que en casos como ese se debía determinar si no se había traducido en favores políticos.
Para el analista, era válido cuestionar al mandatario porque las donaciones, a pesar de que son privadas, pueden esconder algunas prácticas que riñen con la transparencia y dan lugar a sospechas, al tráfico de influencias, clientelismo político y compadrazgos.
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Financista y funcionario
Salume Barake, quien falleció en diciembre de 2014, no solo financió la campaña de Funes; también le dio una residencia en la colonia San Benito a la que se mudó al ser designado como candidato presidencial.
En el gobierno de Funes, el empresario fungió como Primer Designado a la Presidencia de la República, quien es la persona que toma las riendas del país ante la ausencia del presidente y vicepresidente.
Al asumir la presidencia, Funes también mantuvo al hijo del empresario, Nicolás Salume, al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), puesto que ejercía desde la administración del expresidente Antonio Saca.
Funes defendió el nombramiento y rechazó que eso generara un conflicto de intereses ya que el padre del titular de la Cel le dio los $3 millones en la campaña electoral.