Al menos dos tratados internacionales mandan a las autoridades nicaragüenses a entregar al expresidente Mauricio Funes requerido por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por los delitos de peculado (apropiarse de fondos públicos) y lavado de dinero; tras ligarlo en el desvío de $351 millones de las arcas del Estado durante su gestión.
En julio de 2016, por consejo de dirigentes del partido oficialista (FMLN) Funes escapó a Nicaragua porque según sus ellos sería “detenido y humillado”.
La advertencia hizo que Funes de un día para otro estuviera en el vecino país, donde en un proceso exprés (más rápido de lo normal) el mandatario de ese país, Daniel Ortega le concedió asilo político.
Al margen de esa protección, Funes fue sujeto de una investigación por diversos delitos de corrupción por parte de la Fiscalía General de la República, en la que se allanaron varias residencias, donde hallaron documentos que lo comprometían.
Las indagaciones continuaron y con todas las evidencias en su contra, la Fiscalía giró orden de captura para Funes y otras 31 personas, pero solo ocho fueron detenidos entre ellos la exprimera dama, Vanda Pignato y el secretario de Comunicaciones David Rivas y tres exempleados de Casa Presidencial que ya guardaban prisión tras relacionarlos a ilícitos surgidos durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca -acusado de desviar $301 millones del Estado a cuentas particulares.
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Para todos, el juez Quinto de Paz en la audiencia inicial decretó prisión provisional mientras son procesados en una fase superior. En el caso de Funes, su compañera de vida, Michy, y sus dos hijos, así como para los 14 restantes, el juez giró orden internacional de captura y la continuación del proceso tras encontrar suficientes evidencias que los incriminan.
Los tratados
Este contexto cambió la situación de Funes y los criterios que Ortega tuvo para haberle concedido el asilo político ya no son válidos, pues a la luz de dos tratados internacionales le mandan que lo entreguen a las autoridades salvadoreñas para que enfrente la justicia y aclare el destino de 351 millones de dólares.
Dichos instrumentos que no dan lugar a otras interpretaciones surgieron en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita el 29 de marzo de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, afirmó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, Humberto Sáenz Marinero.
“Las dos convenciones fueron ratificadas por casi medio centenar de países, incluidos El Salvador y Nicaragua, lo que representa compromisos internacionales que todo Estado firmante ha adquirido”, explicó Sáenz Marinero.
En el caso concreto de Funes, el asilo político otorgado “no puede ser un obstáculo para que el Estado de Nicaragua cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en las dos convenciones”, destacó el abogado.
Las convenciones establecen que los países están comprometidos a contribuir recíprocamente en la lucha contra la corrupción, “y los hechos que se le imputan al expresidente Funes no son delitos políticos sino ilícitos relacionados con la corrupción”, destacó Sáenz Marinero. De ahí que estos cuerpos legales son el marco suficiente para que Nicaragua cumpla con su obligación y entregue a Mauricio Funes a El Salvador.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente es del criterio que para conseguir que Nicaragua ponga al expresidente a la orden de las autoridades salvadoreñas, antes debe evaluar que no haya persecución política, religiosa, militar o racial.
“Por delitos comunes tendría que acceder y analizar los objetivos de la solicitud de extradición, esa es potestad del estado receptor (o donde está el asilado)”, aseveró el exmagistrado.
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Hernández Valiente advirtió que el asilo que el Gobierno de Nicaragua dio a Funes señala “motivos de persecución política”.
Pero, “si ahora llega una resolución judicial, elevada a la Corte Suprema de Justicia tramitada por Cancillería y ésta al Gobierno de Nicaragua, cambia el estatus de asilo; ya no hay argumentos políticos” para tenerlo en ese país, detalló.
En ese sentido Nicaragua está llamada a acceder a la petición de las autoridades salvadoreñas, pero esa será una decisión propia que el Gobierno de aquel país deberá tomar, apegada a lo dictado por los tratados internacionales.
“Yo pienso que Nicaragua va a defender el blindaje político que le han dado a Funes aunque no lo tenga”, concluyó.
Para el abogado Francisco Bertrand Galindo, Funes tiene un híbrido de hechos que pueden delimitar entre lo político y delitos comunes, siendo estos últimos el motivo para que el Gobierno de Nicaragua lo extradite a El Salvador.
Sáenz Marinero, sostuvo que de no cumplir con lo establecido en los tratados internacionales, Nicaragua podría someterse a sanciones económicas, la exclusión de beneficios y pertenecer a organismos extraregionales.